Anadelia Acosta Armoa fue imputada por el desvío de la indemnización de la ANDE.Foto: Municipalidad R.I 3 Corrales
La Fiscalía General del Estado ha establecido un plazo de cuatro meses para que Anadelia Acosta y su abogado, Darío Flores, restituyan la suma pendiente de G. 125 millones, como parte de la indemnización desviada de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
De un total de G. 800 millones destinados como compensación para dos familias afectadas por un accidente fatal, aún falta restituir G. 125 millones, que, según la fiscal Norma Salinas, corresponde exclusivamente a la entidad estatal. “El acuerdo privado con las familias no cubre el monto restante. Ese dinero es de la ANDE y no puede ser cobrado como honorarios”, aclaró Salinas en declaraciones a Monumental 1080 AM.
El incidente tiene su origen en un accidente provocado por un cable suelto de la ANDE, que cobró la vida de dos personas. A modo de resarcimiento, la empresa estatal emitió dos cheques de G. 400 millones cada uno, dirigidos a las familias de las víctimas. Sin embargo, estas solo recibieron G. 75 millones en total, lo que desató una investigación del Ministerio Público.
Las indagaciones revelaron que tanto Anadelia Acosta, entonces funcionaria del Congreso, como el abogado Darío Flores, desviaron gran parte del dinero. Ambos imputados finalmente acordaron devolver G. 600 millones a las familias, lo que permitió distribuir G. 300 millones para cada una.
No obstante, este acuerdo no exime a los implicados de su obligación con la ANDE. El Ministerio Público dejó claro que el faltante de G. 125 millones debe ser devuelto en su totalidad, reafirmando que el dinero pertenece a la estatal y no es un pago autorizado por servicios profesionales.
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El escándalo ha involucrado a ocho personas en total, entre ellas dos empleados del Banco Nacional de Fomento (BNF), quienes habrían permitido el cobro de los cheques a pesar de la cláusula de “no transferibles”. El banco entregó los fondos a Acosta y Flores mediante la presentación de una carta poder, una acción considerada irregular por la Fiscalía.
El caso sigue en proceso judicial y la Fiscalía ha señalado que, de no restituir la totalidad del dinero en el plazo establecido, los imputados enfrentarán nuevas consecuencias legales.
Fuente: Última Hora
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