Dos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la sucursal Repatriación fueron imputados este lunes en la causa por el cobro irregular y desvío de indemnizaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a dos familias de escasos recursos en Caaguazú. La investigación señala que los involucrados participaron en el retiro y uso fraudulento de cheques por un total de G. 725 millones.
La fiscala Norma Salinas confirmó que la imputación se suma a las ya presentadas contra seis personas acusadas de estafa, apropiación y producción de documentos no auténticos. Entre los principales sospechosos se encuentran Anadelia Acosta Armoa, exfuncionaria pública, y el abogado Darío Aquiles Flores. La pareja de Acosta, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, y su padre, Juan Ramón Acosta, también forman parte del proceso.
El esquema se llevó a cabo con dos cheques intransferibles: uno de G. 400 millones, cobrado el 11 de septiembre, y otro por el mismo monto, retirado el 26 de septiembre. A pesar del valor total, las familias afectadas recibieron solo G. 75 millones entre ambas.
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Ante la presión pública y el avance de la causa, Acosta Armoa llegó a un acuerdo con las familias afectadas, entregándoles G. 300 millones a cada una en concepto de reparación. Sin embargo, la causa sigue abierta, y el Ministerio Público avanza en identificar todas las responsabilidades involucradas en el desvío.
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Los funcionarios del BNF imputados este lunes habrían facilitado el retiro de los cheques, pese a las restricciones legales que debían impedir el cobro por terceros no autorizados. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente cómo se gestó y ejecutó el fraude.
El caso ha generado críticas hacia las instituciones involucradas por la falta de controles que permitieron el uso irregular de cheques destinados a indemnizar a las familias. La Fiscalía sigue recabando pruebas para sustentar las acusaciones y llevar a los responsables a juicio.
Fuente: Última Hora
