Camilo Benítez, contralor general de la República. Gentileza/Presidencia de la República.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, ha anunciado que los 17 funcionarios de la desaparecida Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) serán incorporados a la Contraloría, sujeto a la aprobación del Congreso este miércoles. Esta decisión forma parte de un anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que busca fortalecer las medidas anticorrupción.
Benítez enfatizó que la propuesta de la Contraloría es establecer una ley de integridad, transparencia y prevención de la corrupción con estándares nacionales. Un elemento clave de esta iniciativa será la implementación de un portal de denuncias, que obligará al contralor a atender el 100% de las denuncias recibidas. El contralor subrayó la importancia de reglamentar adecuadamente la ley antes de su implementación, destacando que pocos países cuentan con políticas de integridad pública de este nivel.
La absorción de los funcionarios de la ex Senac por parte de la Contraloría se presenta como una solución para fortalecer la capacidad operativa en la lucha contra la corrupción. Benítez señaló que la ex Secretaría Anticorrupción, con solo 17 funcionarios, no tenía la capacidad para llevar adelante eficazmente su trabajo. Esta fusión busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la prevención y detección de actos corruptos.
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El contralor también destacó la importancia de las auditorías financieras como herramienta clave para evaluar el presupuesto y la gestión del Gobierno central. Benítez reveló que estas auditorías constantes frecuentemente descubren irregularidades, siendo particularmente preocupante la falta de actualización contable en varios ministerios. Esta situación subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
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En cuanto a las irregularidades detectadas, Benítez informó que la Contraloría está evaluando las auditorías que presentan indicios de hechos punibles para remitirlas al Ministerio Público. Este proceso demuestra la seriedad con la que la institución aborda las posibles infracciones y su compromiso con la justicia y la transparencia en la gestión pública.
Finalmente, el contralor hizo hincapié en su compromiso personal con la integridad, declarando enfáticamente: “Jamás me voy a prestar para blanquear a nadie”. Esta afirmación busca disipar cualquier duda sobre la independencia y objetividad de la Contraloría en su nueva función ampliada, si el Congreso aprueba la propuesta. La decisión del Congreso este miércoles será crucial para determinar el futuro de la lucha anticorrupción en Paraguay y la eficacia de los mecanismos de control gubernamental.
Fuente: ABC Color
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