Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Foto: Archivo ABC.
En un controvertido fallo, la jueza electoral de Caazapá, Martha Susana Sarubbi Zacarías, ordenó la suspensión de las elecciones en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), programadas para el 14 de octubre.
La medida beneficia al presidente de la institución, Venancio Díaz Escobar, quien busca su reelección a pesar de estar imputado por malversación de G. 6.594 millones. La decisión ha generado críticas de sectores disidentes que acusan al oficialismo de maniobras judiciales para evitar un cambio en la administración.
La jueza Sarubbi, hija del exdiputado Luis Sarubbi Gamarra, miembro de la Junta de Gobierno de la ANR, concedió la medida cautelar solicitada por el Movimiento Acción y Servicio (MAS).
Según los opositores, el oficialismo buscó durante semanas frenar los comicios presentando pedidos en distintos juzgados del país, hasta lograr una resolución favorable en Caazapá. La situación refuerza la percepción de que la Justicia electoral responde a intereses políticos, agravando la crisis en la Caja Municipal.
Marcos “Cacique” Ortiz, candidato del Movimiento Institucional y Transparente (MIT), expresó su frustración ante la decisión judicial. “Nos arrebatan la posibilidad de elecciones democráticas con argumentos absurdos sobre la falta de infraestructura en la Municipalidad”, señaló. Ortiz denuncia que el oficialismo, con el respaldo del gobierno, maniobra para perpetuar en el cargo a un grupo acusado de corrupción sistemática.
El candidato opositor calificó como “dantesco” el manejo de la Caja, señalando que los desfalcos superan los G. 6.500 millones, sumando préstamos irregulares y la falsificación de documentos. “Este grupo ha manejado más dinero que varios bancos, repartiendo favores a jueces para bloquear las elecciones”, denunció Ortiz.
El recorrido del oficialismo por juzgados de Areguá, Paraguarí y Villarrica refleja, según Ortiz, la intención deliberada de impedir el proceso electoral. La intervención del juzgado electoral de Caazapá ha despertado sospechas sobre el uso del aparato judicial para proteger a Díaz Escobar y su administración.
La falta de transparencia y las acusaciones de corrupción debilitan aún más la credibilidad de la Caja, que ya enfrenta cuestionamientos por su gestión.
La resolución judicial no solo aplaza los comicios, sino que pone en evidencia la fragilidad institucional y la influencia política sobre la Justicia. Los críticos demandan elecciones inmediatas y transparentes para evitar que los recursos de la Caja sigan siendo administrados por un grupo bajo sospecha de corrupción.
Fuente: ABC Color
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