Según relatos de la señora Celeste Florentín y su esposo Silvino Báez, el padre de la funcionaria del Congreso se habría valido de un esquema similar al que involucra a su hija en un escándalo de despojo de indemnizaciones. La familia asegura que Acosta los acusó de invasión de tierras para luego intentar llegar a un acuerdo económico.
Los denunciantes, quienes han residido en Ciudad del Este durante más de tres décadas, afirmaron que se enteraron de la denuncia en una visita a Caaguazú. Allí, Juan Ramón Acosta habría presentado una acusación de invasión sobre un terreno que les es completamente ajeno. Este predio, según Florentín, pertenece al suegro de Silvino Báez y ellos no tienen relación alguna con el mismo.
La denuncia incluye una sorprendente acusación de coacción, alegando que Silvino amenazó a Acosta con un machete. Sin embargo, el matrimonio sostiene que tales eventos jamás ocurrieron y que la acusación carece de fundamento. Al enterarse de la denuncia, Florentín declaró que se dieron cuenta de un patrón en las acciones de Acosta, quien, según ellos, utiliza estas denuncias como un medio para extorsionar a sus víctimas en busca de beneficios económicos.
A pesar de las dificultades, la pareja decidió enfrentar el proceso judicial, lo que ha implicado gastos considerables en abogados. La señora Florentín mostró incredulidad ante la situación, afirmando que ni siquiera podrían renunciar a un terreno que no les pertenece.
A lo largo del proceso, se encontraron con varias irregularidades. Silvino Báez fue obligado a firmar mensualmente ante el juez, a pesar de que la denuncia se basaba únicamente en las palabras de Juan Ramón Acosta y ellos presentaron testigos que evidenciaban que la familia reside en Ciudad del Este. Además, la esposa de Acosta nunca se presentó a declarar como testigo alegando enfermedad.
El fiscal encargado del caso, según la pareja, no otorgó el sobreseimiento a pesar de las pruebas que presentaron. En una audiencia preliminar, Juan Ramón Acosta intentó negociar un acuerdo, que la familia rechazó, enfatizando que su denuncia era infundada y les había causado daños significativos.
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La conexión con el escándalo de indemnizaciones de la ANDE ha llevado a la familia a sospechar que las acciones de Acosta están respaldadas por intereses políticos. Florentín expresó su esperanza de que el nuevo fiscal actúe con justicia y otorgue finalmente el sobreseimiento que tanto anhelan.
Durante una de las audiencias, Juan Ramón Acosta se presentó con su hija, la exfuncionaria del Congreso Anadelia Acosta, más otro abogado. La familia ha anunciado su intención de presentar una contrademanda por los daños sufridos, buscando reparar el impacto emocional y financiero que esta denuncia ha causado en sus vidas.
Fuente: ABC Color
