Foto: ÚH.
La funcionaria del Congreso, Anadelia Acosta Armoa, y su pareja, Darío Flores, reembolsaron un total de G. 600 millones a dos familias humildes de Caaguazú. Este reembolso se realizó tras un acuerdo extrajudicial por el desvío de fondos otorgados como indemnización por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El acuerdo se firmó el lunes pasado y estableció la devolución de G. 300 millones para cada familia afectada. Estas familias habían solicitado resarcimiento económico tras la pérdida de dos familiares, quienes fallecieron debido a un accidente laboral relacionado con la ANDE. La funcionaria y su pareja accedieron a devolver los fondos en efectivo.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Anadelia Acosta y su abogado representante, Darío Flores, habrían desviado G. 725 millones de un total de G. 800 millones concedidos por la ANDE. Las autoridades señalaron que no se ha devuelto la totalidad de los fondos. El abogado defensor indicó que algunos aspectos del caso no se pueden divulgar por razones procesales.
La fiscal Norma Salinas, a cargo del caso, informó que la investigación continuará, a pesar del acuerdo extrajudicial. Señaló que todavía quedan elementos sin esclarecer, como la participación de otros involucrados y las irregularidades en los procesos de habilitación de pago.
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El Ministerio Público imputó a Acosta, Flores y otros tres sospechosos por delitos de apropiación, estafa y lesión de confianza. Entre los imputados se encuentran también el padre y la pareja de Acosta, quienes habrían colaborado en el retiro de los cheques de indemnización, a pesar de que estos documentos poseían la inscripción “no transferibles”.
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Los cheques, por un total de G. 800 millones, fueron emitidos en agosto tras un proceso de revisión por parte de la ANDE. Según la estatal, los fondos fueron entregados como indemnización a las familias de los trabajadores fallecidos. Sin embargo, los documentos emitidos debían ser cobrados únicamente por los beneficiarios originales.
El caso ha causado preocupación y repudio por parte de la ciudadanía, quienes piden mayor transparencia y control sobre el manejo de fondos públicos. La Fiscalía se encuentra recabando más información y adelantó que se seguirán los procesos correspondientes para determinar la responsabilidad de todos los involucrados.
Fuente: Ultima Hora
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