Foto: Dardo Ramírez, ÚH.
Este miércoles, el Senado aprobó con 31 votos a favor la controvertida ley que impone control y transparencia a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), también conocida como “ley garrote” o “ley antioenegés”. Esta medida ha generado amplias críticas de sectores opositores que señalan que la legislación busca amedrentar a las organizaciones que cuestionan al Gobierno.
El proyecto, presentado por la bancada oficialista y sus aliados, fue sancionado en la versión modificada por la Cámara de Diputados, que incorporó cambios propuestos por el presidente Santiago Peña. Estos ajustes fueron descritos en un audio filtrado por Gustavo Leite como “boludeces de Santi”.
Argumentos a favor de la ley
El senador Derlis Maidana (ANR-HC), presidente de la Comisión de Legislación, defendió el proyecto argumentando que llenaba una “laguna legislativa” en cuanto al control del destino de los fondos que reciben estas organizaciones. Según Maidana, la ley establece la rendición de cuentas y control de las ONGs para garantizar mayor transparencia en el uso de fondos públicos y privados.
El proyecto también fue respaldado por el senador Silvio Ovelar (ANR-HC) y otros aliados, quienes señalaron que la ley busca un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de las ONGs, comparándolo con legislaciones similares en otros países de la región.
En contraposición, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) advirtió que Paraguay se está alineando con regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela, donde este tipo de leyes son utilizadas para silenciar a las organizaciones civiles. Según Nakayama, esta ley abre la puerta para futuros controles sobre la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.
Rafael Filizzola (PDP) calificó la normativa como una “ley infame”, subrayando que ya existen controles sobre las ONGs. Según Filizzola, esta medida busca perseguir a organizaciones que critican al Partido Colorado, y expresó su temor de que se use la ley para restringir la labor de las organizaciones que promueven la transparencia.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que la aprobación de esta ley es una “venganza” contra las ONGs que denunciaron la corrupción y criticaron al oficialismo. Agregó que el gobierno de Peña está poniendo en riesgo el grado de inversión del país con leyes que minan la confianza internacional.
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Por su parte, Ignacio Iramain (PEN) describió la ley como un instrumento que criminaliza a la sociedad civil y advirtió que el siguiente paso podría ser un ataque a la libertad de prensa, completando un “círculo de control” sobre las instituciones democráticas.
Esperanza Martínez, por su parte, apeló directamente al presidente Peña, instándole a vetar totalmente la ley. Advirtió sobre la instalación de mecanismos de control que podrían beneficiar a grupos económicos y poderes fácticos en detrimento de la sociedad civil.
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Los proponentes de la ley, como el senador Dionisio Amarilla, argumentan que es necesario establecer un marco regulatorio para las organizaciones filantrópicas, sugiriendo que algunas organizaciones sin fines de lucro han sido utilizadas “con fines de lucro”. Gustavo Leite cuestionó el temor de las asociaciones a mostrar cómo gastan sus fondos.
La aprobación de esta ley marca un momento crítico en la política paraguaya, generando un debate sobre el equilibrio entre la regulación estatal y la libertad de la sociedad civil.
Fuente: Última Hora
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