El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas por presuntos delitos de corrupción. Los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez han solicitado que la causa sea elevada a juicio oral y público.
La acusación, presentada este martes, imputa a Prieto por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Entre los demás acusados se encuentra Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, quien enfrenta los mismos cargos que el intendente. Los otros nueve implicados son Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
Según la acusación fiscal, Prieto habría encabezado un grupo organizado de funcionarios dentro de la Intendencia de Ciudad del Este con el propósito de cometer y facilitar delitos de corrupción pública. Los fiscales sostienen que el intendente se aprovechó de su posición como ordenador de gastos y de las atribuciones que le confería su cargo de principal administrador de la comuna para llevar a cabo estas presuntas actividades ilícitas.
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El documento presentado por el Ministerio Público señala que el grupo estaba compuesto por funcionarios que ocupaban cargos de confianza, designados por el propio Prieto. Estos individuos habrían sido colocados estratégicamente en puestos clave y directivos, lo que les permitía manipular las adjudicaciones y pagos de licitaciones a empresas de su entorno.
La Fiscalía argumenta que existía una finalidad común entre los acusados: ocasionar un perjuicio económico a la municipalidad. Se sospecha que esto se llevó a cabo principalmente a través de compras públicas realizadas por la vía de urgencia impostergable, especialmente durante el año 2020, que habrían afectado patrimonialmente a la institución.
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Un punto crucial de la acusación es que los sospechosos habrían invocado necesidades y emergencias que, si bien eran de orden social, no guardaban estricta relación con la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, según los fiscales, estas compras no estaban justificadas ni correctamente fundamentadas.
El Ministerio Público sostiene que estas acciones no fueron simples errores administrativos, sino que estaban dirigidas intencionalmente a lograr la disminución patrimonial de la entidad administrada por los acusados. Esta afirmación sugiere un nivel de premeditación y organización en las presuntas actividades ilícitas.
Fuente: Última Hora
