El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ordenó el cese inmediato del comisionamiento de Anadelia Acosta Armoa, funcionaria implicada en el presunto desvío de una millonaria indemnización que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) había destinado a dos familias de escasos recursos. El resarcimiento fue otorgado tras un accidente laboral que cobró la vida de dos trabajadores en Caaguazú.
Latorre anunció la decisión a través de su cuenta oficial en la red social X, informando que, además de finalizar el comisionamiento de Acosta Armoa a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, la funcionaria fue puesta a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos y se ordenó la apertura de una investigación por parte de la Dirección General de Asesoría.
El esquema delictivo involucra el desvío de G. 800 millones destinados a las familias de Antonio Acosta Contrera y Marino Ramírez Casco, quienes fallecieron en un accidente laboral en agosto pasado. Ambos trabajadores murieron al recibir una descarga eléctrica mientras realizaban tareas de alambrado en el barrio Santa Librada, Caaguazú. La ANDE había destinado dos cheques de G. 400 millones como compensación a cada familia.
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Sin embargo, las familias afectadas solo recibieron un total de G. 75 millones, lo que generó una investigación de la Fiscalía sobre el paradero del monto restante. Entre los sospechosos de haber desviado el dinero se encuentran ocho personas, entre ellas Anadelia Acosta Armoa, el director y un cajero del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Repatriación, donde se realizaron los desembolsos.
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Las familias afectadas, representadas por Juana Honorina Casco, madre de Marino Ramírez Casco, y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera, recibieron sumas mucho menores de las que les correspondían: G. 30 millones y G. 45 millones, respectivamente. El caso sigue bajo investigación, mientras se busca esclarecer el destino del resto del dinero.
Fuente: Última Hora