La destitución de la senadora Kattya González del Congreso paraguayo ha puesto en evidencia un complejo esquema de desinformación coordinado por operadores políticos y mercenarios digitales. El proceso de pérdida de investidura, consumado el 14 de febrero de 2024, estuvo plagado de información falsa y manipulada que fue replicada en redes sociales y medios afines al oficialismo.
Kattya González, abogada y destacada congresista de la oposición, fue acusada de tráfico de influencias y uso indebido de documentos. El libelo acusatorio que permitió su expulsión se basó en publicaciones de medios como La Nación, que amplificaron desinformaciones difundidas por trolls y bots a través de la red social X (anteriormente Twitter).
Según el coronel Luis Apesteguía, portavoz del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), el uso coordinado de herramientas digitales para influir en la opinión pública ha sido una constante en este tipo de procesos políticos. En el caso de González, la desinformación comenzó con ataques cibernéticos hacia su equipo, principalmente hacia José Luis Torales y María Soledad Blanco, funcionarios de su despacho.
Los primeros indicios de esta campaña aparecieron en enero de 2024, cuando usuarios como Hugo Portillo y Vanessa Vázquez iniciaron una avalancha de publicaciones en redes sociales, acusando a los colaboradores de González de percibir salarios irregulares y participar en actividades ilícitas. A pesar de que muchas de estas afirmaciones fueron desmentidas por las autoridades, el daño a la imagen de la senadora ya estaba hecho.
El proceso culminó con la destitución de González con solo 23 votos a favor, un número insuficiente según la propia normativa de la Cámara Alta. Sin embargo, el oficialismo ignoró las reglas establecidas y procedió con la expulsión, justificándose en las publicaciones de los medios oficialistas que replicaban la campaña de desinformación.
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Este caso no es el primero en Paraguay. La instrumentalización de las redes sociales y la manipulación de la opinión pública han sido tácticas recurrentes en otros procesos políticos del país, lo que pone en peligro la frágil democracia paraguaya.
La Corte Suprema de Justicia aún debe resolver sobre la legalidad del proceso, mientras que la ciudadanía sigue dividida por los efectos de la desinformación en la esfera pública.
Fuente: ABC Color
