Esposado, con chaleco antibalas y casco, el hijo del fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes durante su traslado al Cereso de Itapúa. Fue el 28 de agosto pasado. Foto: Gentileza
El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción ratificó la prisión preventiva de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero y asociación criminal. El tribunal, compuesto por los camaristas Claudia Criscioni, Arnaldo Fleitas y Silvana Luraghi, rechazó por unanimidad el pedido de medidas alternativas a la prisión.
Alexandre Rodrigues Gomes está procesado tras los hechos ocurridos el 19 de agosto pasado, cuando su padre fue asesinado durante un enfrentamiento con la Policía en su residencia de Pedro Juan Caballero. La investigación que derivó en su prisión preventiva lo involucra en actividades relacionadas con lavado de dinero y asociación criminal, en conexión con el narcotráfico.
La defensa, encabezada por el abogado Óscar Tuma, había solicitado la aplicación de arresto domiciliario y ofreció una fianza real de USD 750.000. Sin embargo, el juez penal de garantías Osmar Legal, y ahora ratificado por el Tribunal de Apelación, concluyó que no se modificaron las circunstancias que motivaron la prisión preventiva.
Además de Rodrigues Gomes, otras personas procesadas en la causa incluyen al ciudadano brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo, quien está preso, y a Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matthias Gaona, directivos de Zeta Banco, quienes se encuentran en libertad bajo fianza.
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El Tribunal argumentó que, a pesar del arraigo del procesado, las circunstancias de la causa —incluyendo la gravedad de los hechos punibles y el perjuicio económico atribuido a las actividades de lavado de activos— justifican la prisión preventiva. Según la imputación, el perjuicio causado por el esquema de lavado de dinero asciende a más de Gs. 175.526 millones.
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El caso se enmarca en el Operativo Pavo Real Py, una investigación coordinada entre el Ministerio Público de Paraguay y el de Brasil, y que apunta a desmantelar redes de tráfico de drogas y lavado de activos en ambos países.
Fuente: ABC Color
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