Este viernes, un grupo de organizaciones civiles y políticas presentó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) más de 50.000 firmas en respaldo a un proyecto popular que busca ampliar la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La propuesta tiene como objetivo garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, con especial atención a los sectores más vulnerables de la población.
La iniciativa, que superó ampliamente la cantidad mínima de firmas necesarias, plantea una serie de medidas para hacer más accesible el servicio eléctrico en Paraguay. Una de las principales propuestas es la implementación de una tarifa social con descuentos significativos para los consumos más bajos, beneficiando así a hogares, pequeñas empresas y sectores como los adultos mayores y pueblos indígenas.
Ermo Rodríguez, representante de Tarifa Social por Itapúa, destacó la importancia del proyecto, afirmando: “Queremos energía eléctrica de calidad y barata. Tenemos grandes represas, pero sufrimos con energía cara y de mala calidad que se corta fácilmente”. Además, felicitó a las organizaciones que lograron recolectar las 50.000 firmas necesarias para impulsar la propuesta.
Diferentes organizaciones sociales y políticas proponen un proyecto de ley vía iniciativa popular para ampliar la tarifa social de la energía eléctrica que requerirá de unos 200 millones de dólares para su implementación con recursos provenientes de Itaipú, según… pic.twitter.com/gY9fO6MHRr
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 4, 2024
Durante el acto de entrega de firmas, estuvieron presentes figuras como el monseñor Mario Melanio Medina, Mercedes Canese y Ricardo Canese, quienes respaldaron la iniciativa. Las firmas serán verificadas por el TSJE antes de que el proyecto sea presentado formalmente al Congreso para su tratamiento.
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El proyecto propone que la ANDE ofrezca una tarifa social con descuentos de hasta el 90% para los consumos de 0 a 100 kWh/mes, con reducciones menores para consumos de hasta 1.500 kWh/mes. Se busca beneficiar a sectores populares, la clase media, mipymes y otros grupos vulnerables, como los adultos mayores de bajos ingresos y los pueblos indígenas.
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Además, el proyecto contempla tarifas reducidas para las Juntas de Saneamiento, con el objetivo de abaratar el acceso al agua potable. El financiamiento para la ampliación de la tarifa social provendría del 50% de los ingresos anuales por la venta de energía eléctrica, generando un fondo de USD 200 millones para el subsidio, mientras que el resto se invertiría en la mejora del servicio de la ANDE.
Fuente: El Nacional
