Nafta comun. Foto: Reseña.
El Congreso Nacional aprobó la modificación de la Ley N.º 5444/2015, que fomenta el uso de etanol en combustibles. Con esta sanción, se establece que las gasolinas de menos de 95 octanos deberán mezclarse con etanol anhidro en un porcentaje que será determinado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Esta ley busca supuestamente impulsar el consumo de biocombustibles y apoyar la producción de alcohol derivado de la caña de azúcar.
El proyecto de ley fue presentado por varios senadores, entre ellos Lizarella Valiente y Patrick Kemper, quienes defendieron que la medida busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, a la vez que fomenta la producción nacional de etanol. La legislación establece que para el año 2025, las gasolinas de menos de 97 octanos deberán contener un mínimo del 30% de etanol, cifra que aumentará al 32% en 2030.
Además, la ley impulsa que, para el año 2028, al menos el 50% del parque automotor del Estado esté compuesto por vehículos con tecnología flex fuel o E85, capaces de utilizar combustibles con un 85% de etanol. Esta disposición busca promover un consumo más sostenible y apoyar al sector cañero del país.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas. La oposición, encabezada por el senador Eduardo Nakayama, advirtió que esta ley podría perjudicar a los propietarios de vehículos que no están diseñados para funcionar con altas mezclas de etanol. Nakayama argumentó que esta normativa obliga a los consumidores a elegir entre combustibles que podrían dañar los motores de sus autos o pagar precios más altos por naftas de mayor octanaje.
La crítica también se centró en que la ley favorecería principalmente a grandes industrias del sector del etanol, dejando de lado a los consumidores y pequeños productores. Nakayama calificó la medida como un retroceso en términos de libertad económica, acusando al oficialismo de proteger intereses de unos pocos en detrimento de la mayoría.
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El Senado aceptó las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, que priorizan el uso de alcohol derivado de caña de azúcar producida en el país. Ahora, el texto sancionado se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga o veta la ley.
A pesar de las tensiones, el oficialismo defiende que la ley representa un avance hacia la sostenibilidad energética, mientras la oposición alerta sobre las consecuencias económicas y técnicas que podrían generarse en el sector automotor.
Fuente: El Nacional
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