La filtración de un audio atribuido al senador Gustavo Leite ha destapado una serie de revelaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de la controvertida ley de control a las organizaciones sin fines de lucro. En la grabación, Leite admite abiertamente que el objetivo de la normativa es desgastar y limitar la acción de las ONG en el país.
El legislador, en una conversación informal, detalla cómo se gestó la ley y cómo se impusieron ciertos puntos en contra de la voluntad del presidente Santiago Peña. Leite cuestiona la visión de Peña sobre el proyecto y minimiza la importancia de sus propuestas.
Una de las mayores preocupaciones generadas por el audio es la admisión de Leite sobre una campaña de desprestigio contra las ONG. El senador asegura que se buscará “ventilar” información sobre estas organizaciones para dañar su imagen pública. Esta revelación ha generado alarma entre los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en general.
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La ley en cuestión ha sido objeto de numerosas críticas desde su presentación. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han alertado sobre el riesgo que representa para la libertad de asociación y la defensa de los derechos humanos en Paraguay.
La filtración del audio de Leite confirma los temores de quienes consideran que la normativa busca silenciar a las voces disidentes y limitar el espacio cívico.
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Además de las implicaciones para las ONG, la filtración del audio también plantea interrogantes sobre la transparencia y la democracia en Paraguay. La admisión de Leite sobre la manipulación del proceso legislativo y la campaña de desprestigio contra las ONG son un claro ejemplo de cómo se utilizan mecanismos políticos para perseguir objetivos particulares, en detrimento del interés general.
La presencia de funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Paraguay, coincidiendo con la discusión de la ley, ha añadido un nuevo elemento al debate. La Usaid es una de las principales financiadoras de las ONG en el país y su interés en la normativa es evidente.
Fuente: La Política Online
