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Diputados aprueban polémica Ley de Control a ONG con modificaciones

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Control a ONG, generando críticas por presuntas violaciones constitucionales y posible uso político.

De la mano de la bancada cartista, el proyecto de ley de control a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) fue aprobado sin suficiente análisis y a tambor batiente, con modificaciones. Foto: ARCENIO ACUÑA

La Cámara de Diputados aprobó con 47 votos a favor y 13 en contra el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (ONG). El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, fue modificado por el Poder Ejecutivo para evitar un posible veto presidencial, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición y varios legisladores que cuestionaron el proceso.

Durante la sesión, los diputados de la oposición denunciaron que las modificaciones del proyecto fueron presentadas apenas una hora antes de la discusión. Raúl Benítez, diputado opositor, solicitó la postergación de la votación para permitir un análisis más exhaustivo, argumentando que las enmiendas ni siquiera habían sido ingresadas formalmente a la Mesa de Entrada. No obstante, su moción fue rechazada por la mayoría oficialista.

Entre las principales críticas de la oposición, se destacó que las modificaciones mantenían puntos polémicos, como el control de fondos privados de las ONG, lo que algunos consideran un «garrote político» para silenciar a organizaciones que incomoden al Gobierno. El diputado Roberto González calificó el proyecto como «absolutamente inconstitucional» y advirtió que la Corte Suprema de Justicia podría anularlo en menos de seis meses si actúa con independencia.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo argumentó que el proyecto original, que contaba con 17 artículos, fue modificado hasta incluir cinco más, lo que lo hace incoherente y lleno de vacíos legales. Criticó que el oficialismo no haya permitido un debate más profundo.

El artículo 5 de la ley establece la obligatoriedad de inscribir a las ONG en un registro del Ministerio de Economía y Finanzas, que será el encargado de su control. Se mantiene la posibilidad de suspender o cerrar las organizaciones que no cumplan con la ley, aunque se eliminaron las sanciones pecuniarias excesivas.

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Algunos parlamentarios, como Mauricio Espínola y Johanna Ortega, repudiaron la falta de respeto del Ejecutivo hacia la Cámara de Diputados, afirmando que esta fue tratada como escribanía del presidente Santiago Peña. Ortega señaló que la ley representa un avance del autoritarismo en el país, comparando la situación con la de Venezuela.

Finalmente, pese a los reclamos de la oposición y la advertencia sobre posibles inconstitucionalidades, la mayoría cartista se impuso en la votación, y el proyecto volverá al Senado para su tercer trámite.

Fuente: ABC / ÚH