El senador Gustavo Leite (ANR, HC), relator y vocero de la comisión "antilavado" junto con su titular, el senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla. Foto: SILVIO ROJAS
Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) paraguayas han alzado su voz en protesta contra las acciones de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida coloquialmente como “comisión garrote”. Estas entidades acusan a la comisión de violar derechos constitucionales al intentar acceder a información privada protegida por la Carta Magna.
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Colab Abogados y Semillas para la Democracia se encuentran entre las organizaciones que han criticado abiertamente el proceder de la CBI. Estas entidades argumentan que la comisión está sobrepasando sus límites legales y constitucionales en su afán por obtener datos confidenciales.
María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, ha sido una de las voces más prominentes en esta controversia. Rivas reconoce la legalidad de la comisión según lo establecido en la Constitución Nacional, pero enfatiza que la misma Carta Magna impone límites claros a las acciones de este grupo de legisladores.
Según Rivas, el CEJ respondió inicialmente a la solicitud de la CBI proporcionando un informe técnico detallado de más de 300 páginas, describiendo los gastos relacionados con un proyecto financiado por USAID. Sin embargo, cuando la comisión solicitó documentos adicionales como contratos y facturas, el CEJ se mantuvo firme en su posición de que estos documentos están protegidos como datos privados.
Ante esta situación, el CEJ recurrió a la vía judicial, presentando un recurso de amparo como parte de un “litigio estratégico”. Aunque el juez civil José Guillermo Trovato rechazó el amparo, reafirmó el procedimiento establecido en la Ley 137, que reglamenta el funcionamiento de las comisiones conjuntas.
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Esta ley establece que si una institución se niega a entregar información y la comisión insiste en su necesidad, la CBI debe solicitar, por mayoría absoluta de sus miembros y mediante un escrito fundamentado, la intervención de un juez de primera instancia. Este juez debe escuchar ambas partes antes de tomar una decisión final.
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Rivas subraya un punto crucial: si la comisión obtiene acceso a datos privados, estos deben mantenerse confidenciales y ser conocidos únicamente por los miembros de la CBI. La directora del CEJ advierte que la difusión pública de esta información, como ha ocurrido en casos anteriores, constituiría una violación adicional de la privacidad.
El Estudio Jurídico de Abogados Colab y Semillas para la Democracia también se han pronunciado en contra de las tácticas de presión empleadas por la “comisión garrote” para acceder a datos reservados. Estas organizaciones hacen un llamado a respetar el debido proceso legal y los derechos constitucionales de privacidad.
Fuente: ABC Color
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