En las últimas semanas, la dinámica política en el Congreso ha evidenciado una estrategia clara del cartismo: proteger a sus propios legisladores mientras intenta silenciar a figuras opositoras críticas. Esta maniobra se refleja en la tolerancia hacia congresistas oficialistas cuestionados por presunta corrupción, mientras que se promueven sanciones contra aquellos que se han atrevido a desafiar abiertamente al poder.
Dos de los principales objetivos de estas medidas son el diputado Raúl Benítez y el senador Salyn Buzarquis, quienes se encuentran en la mira de sus colegas cartistas. Benítez, tras un encendido debate en el que insultó a varios parlamentarios, ha ofrecido disculpas, pero esto no ha impedido que el oficialismo continúe buscando su sanción. La bancada cartista ha utilizado este incidente como pretexto para impulsar la aplicación del artículo 88 del reglamento del Congreso, que podría sancionar al diputado opositor.
En el Senado, la situación de Buzarquis ha cobrado relevancia tras su denuncia contra el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez. El caso fue aprovechado por sus rivales políticos, quienes lo acusaron de haber solicitado favores políticos, una práctica común en el ámbito político, pero que el cartismo ha decidido utilizar para justificar una posible sanción.
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Mientras las figuras opositoras enfrentan amenazas de expulsión o sanciones, los cartistas parecen blindar a sus propios legisladores cuestionados. Entre ellos, el senador Erico Galeano, vinculado presuntamente al crimen organizado, y Hernán Rivas, acusado de usar un título falso. Ninguno de estos casos ha avanzado en el Congreso, lo que evidencia un doble estándar en la aplicación de sanciones.
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A pesar de las amenazas, tanto Benítez como Buzarquis han afirmado que continuarán alzando sus voces contra los abusos de poder. Otros opositores, como la senadora Celeste Amarilla, también han sentido la presión, reduciendo el tono de sus críticas para evitar represalias similares.
Esta dinámica ha generado preocupación en varios sectores, que advierten sobre el deterioro de las instituciones democráticas en Paraguay, donde las sanciones parecen aplicarse solo contra los críticos del oficialismo, mientras que los afines gozan de una impunidad cada vez más evidente.
Fuente: ABC Color
