El abogado Víctor Javier Sosa Da Costa, actualmente recluido en el penal de Emboscada, cumple 10 días en huelga de hambre como medida de protesta ante la falta de resolución por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de revisión que presentó contra su condena por supuesta violencia psicológica hacia su expareja. El caso, que llamó la atención por sus detalles controvertidos, involucra una serie de acusaciones y contrademandas que, según la defensa de Sosa Da Costa, no fueron adecuadamente investigadas.
El abogado, quien tiene trayectoria en el derecho corporativo, fue condenado a tres años de prisión por violencia psicológica en un caso que data del 2015. Según su relato, en esa ocasión fue víctima de una agresión física por parte de su expareja, quien le propinó golpes y patadas, lo que le causó una fractura de mandíbula. A pesar de haber presentado una denuncia por estos hechos, Sosa Da Costa asegura que la investigación del Ministerio Público no avanzó.
La condena que pesa sobre él se basa en un testimonio presentado por la expareja, quien alegó haber sido víctima de violencia psicológica. Como parte de las pruebas, una amiga de la denunciante declaró haber escuchado al abogado decirle a su pareja que estaba “gorda”. Según la defensa de Sosa Da Costa, este fue un elemento determinante en la condena, a pesar de que otras pruebas de violencia física alegadas por la mujer fueron desestimadas.
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Sosa Da Costa fue detenido en noviembre de 2023 y trasladado inicialmente a la penitenciaría de Tacumbú. Actualmente, se encuentra en el Penal Padre de la Vega en Emboscada, donde inició su huelga de hambre debido a la dilación en la resolución de su recurso de revisión. El recurso fue presentado en agosto de 2023, pero hasta la fecha no hubo respuesta por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La medida de protesta comenzó a afectar gravemente la salud del abogado, quien perdió casi 10 kilos en los últimos días y sufrió episodios de convulsión e hipoglucemia. Sus familiares, quienes manifestaron su preocupación por su estado de salud, aseguran que el caso está marcado por irregularidades y que se le negaron pruebas cruciales para su defensa.
Según los allegados, el trasfondo del caso podría estar relacionado con su actividad profesional, ya que Sosa Da Costa asesoraba a una accionista mayoritaria de una empresa reconocida en Paraguay. Alegan que, al descubrir irregularidades, se habría convertido en un blanco de intereses poderosos, lo que habría influido en su condena.
Ante la falta de respuesta judicial, los familiares de Sosa Da Costa decidieron llevar el caso a instancias internacionales, presentando una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta violación de los derechos del abogado, incluidos los principios del debido proceso y las garantías judiciales.
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Los familiares instan a la Sala Penal de la Corte Suprema a expedirse con prontitud, ya que la salud de Sosa Da Costa sigue deteriorándose debido a su protesta.
Fuente: Judiciales.net.
