Policiales

Comunidad escolar exige justicia tras denuncia de acoso sexual

Padres y estudiantes de una institución educativa rural se movilizan ante supuesto caso de acoso sexual perpetrado por un docente, exigiendo medidas inmediatas y justicia.

Padres se manifestaron frente a institución educativa. Foto: ABC.

Un docente de una institución educativa pública se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusado de presunto acoso sexual a una estudiante menor de edad. El incidente desencadenó una serie de protestas y demandas por parte de padres y alumnos, quienes exigen una investigación exhaustiva y medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

La denuncia fue presentada inicialmente por los progenitores de la menor afectada, una alumna de 15 años, ante las autoridades locales y la dirección del centro educativo. Según se informó, el educador en cuestión, quien impartía la asignatura de matemáticas, habría incurrido en comportamientos inapropiados en al menos dos ocasiones, siendo el episodio más reciente el que motivó la acción legal.

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De acuerdo con el testimonio proporcionado por la familia de la víctima, el incidente más grave tuvo lugar a finales del mes pasado, cuando la estudiante se encontró a solas con el profesor en el aula. En esa oportunidad, el docente habría realizado comentarios de índole sexual y efectuado tocamientos indebidos, además de ofrecer dinero a cambio de favores sexuales.

La revelación de estos hechos generó una ola de indignación en la comunidad, que se manifestó frente a las instalaciones del colegio exigiendo justicia y la implementación de protocolos más estrictos para prevenir situaciones similares en el futuro. Los manifestantes expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes, instando a las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

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Como respuesta a la denuncia, las autoridades educativas tomaron la decisión de separar al docente de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público, que designó a la fiscala María Agustina Ünger para dirigir las pesquisas y determinar las posibles responsabilidades penales.

Fuente: ABC.