El proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG”, impulsado por el movimiento Honor Colorado, ha generado una fuerte oposición por parte de diversos sectores. La abogada Alejandra Peralta calificó esta propuesta como arbitraria e innecesaria, alegando que las organizaciones de la sociedad civil ya cumplen con los requisitos legales de control de recursos.
Peralta sostiene que el país cuenta con un marco normativo suficiente para el control de los recursos de las ONG, citando leyes como la Ley 5189, que regula la provisión de información sobre el uso de recursos públicos, y la Ley 6446, que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas. A su juicio, estas normativas ya garantizan la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones civiles.
La abogada también cuestionó la constitucionalidad del proyecto, señalando que el Estado no puede inmiscuirse en bienes privados sin justificación. Citó el artículo 33 de la Constitución Nacional, que establece que las conductas privadas, en tanto no afecten el orden público o los derechos de terceros, están exentas de la autoridad pública.
Peralta expresó su preocupación de que el proyecto podría ser un mecanismo para controlar qué se investiga o promueve desde las ONG, limitando su autonomía. Según ella, el proyecto abre la puerta a una injerencia estatal innecesaria en actividades privadas.
El proyecto será debatido en la Cámara de Diputados este martes 1 de octubre, bajo la presidencia de Raúl Latorre. A pesar de las críticas, el proyecto sigue su curso, aunque el Ejecutivo no ha enviado aún las modificaciones anunciadas para corregir las inconsistencias señaladas por diversos actores.
Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), también se pronunció en contra del proyecto. Para él, se trata de una “falacia”, ya que las ONG ya están registradas y controladas por instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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Las ONG en Paraguay ya están sujetas a controles por parte de al menos siete instituciones estatales. Esto incluye el cumplimiento de normativas tributarias y de prevención de lavado de dinero, lo que según Leguizamón hace innecesario un proyecto adicional para regularlas.
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De aprobarse, el proyecto podría tener implicaciones significativas en la operatividad de las ONG, al someterlas a un control estatal más riguroso. Esto podría limitar su capacidad de actuar con independencia en temas clave como la promoción de los derechos humanos y la transparencia gubernamental.
Fuente: Última Hora
