La Cámara de Senadores ha aceptado el veto parcial del presidente Santiago Peña a la Ley N° 7322/2024, conocida como la Ley de Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores. Esta decisión, tomada tras un intenso debate, marca un punto de inflexión en la implementación de beneficios para los adultos mayores en el país.
El veto presidencial se enfoca específicamente en el artículo 16 de la ley, que aborda el tema del medio pasaje en el transporte público para personas mayores de 65 años. El presidente Peña objetó la parte que establecía un plazo de 90 días para la implementación de este beneficio, argumentando que dicho período es insuficiente para realizar los cambios necesarios en el Sistema Nacional de Billetaje Electrónico (SNBE).
Según el documento emitido por el Ejecutivo, la creación de un nuevo perfil de usuario, la modificación de las reglas de tarificación y la actualización de los módulos SAM son procesos complejos que requieren un tiempo considerable para su desarrollo, prueba e implementación. Esta justificación ha sido el centro del debate en el Senado.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), expresó su desacuerdo con el argumento presidencial, recordando que existe una ley vigente desde hace cuatro años que ya establece el medio boleto para adultos mayores. Filizzola cuestionó la falta de implementación de esta medida por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sugiriendo una posible falta de interés o un intento de beneficiar a los empresarios del transporte.
El senador @FilizzolaRafael rechazó el veto parcial a la ley que establece la universalización de la pensión del adulto mayor, en su artículo que habla de establecer medio pasaje para adultos mayores. pic.twitter.com/TmrY3dDCco
— Agenda Paraguay (@agparaguay) September 24, 2024
A pesar de estas críticas, Filizzola votó a favor de aceptar el veto, reconociendo que no había números suficientes para rechazarlo y que prolongar el debate podría retrasar la implementación de otros beneficios acordados en la ley. Esta decisión pragmática refleja la complejidad de las negociaciones políticas en torno a las políticas sociales.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, ofreció una perspectiva positiva sobre los efectos de la nueva ley. Según Rojas, el presupuesto de 2025 prevé la inclusión de 30.000 beneficiarios adicionales, gracias a la eliminación del censo como requisito para acceder a la pensión. Este cambio permitirá utilizar bases de datos existentes, como las de la Policía Nacional, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), para identificar a los ciudadanos elegibles.
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Rojas enfatizó que el nuevo sistema no aplicará criterios políticos para el pago de las pensiones, buscando así garantizar la equidad en la distribución de este beneficio social. Actualmente, más de 310.000 adultos mayores reciben la pensión, y se espera alcanzar a 337.665 personas el próximo año.
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La aceptación del veto por parte del Senado no marca el final del proceso legislativo. El veto parcial deberá ser ahora estudiado por la Cámara de Diputados, lo que podría llevar a nuevos debates y posibles modificaciones en la implementación de la ley.
Fuente: ABC Color
