La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, expresó nuevamente su preocupación por la creciente campaña de estigmatización hacia las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Paraguay. El cartismo, a través de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), impulsó un proyecto de ley que, según Romero, criminaliza la participación de la sociedad civil.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Romero instó al Estado paraguayo, incluyendo al presidente Santiago Peña y al Congreso, a detener de inmediato las acciones que señalan a las ONG como enemigos de la democracia. La relatora enfatizó la necesidad de garantizar un ambiente de inclusión y transparencia en cualquier discusión relacionada con el control y la rendición de cuentas de las organizaciones civiles.
Presidente @SantiPenap , comparto su preocupación sobre el impacto que el proyecto de ley para controlar las OSFL puede tener sobre el sector social en #Paraguay. Le invito a que se haga una consulta amplia a las ONG, a que no se estigmatice su trabajo, y a que haga un llamado a… https://t.co/WKFUWvtf2s
— Gina Romero (@Ginitastar) September 13, 2024
Este pronunciamiento es el segundo que realiza la relatora de la ONU en menos de un mes. Ya en setiembre había enviado una carta al presidente Peña solicitando que se reevalúe el proyecto de ley que propone mayores controles sobre las ONG. El proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, fue criticado por organismos internacionales y locales por su potencial impacto negativo sobre las actividades de defensa de los derechos humanos en Paraguay.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó a las críticas, advirtiendo que la legislación afectaría la labor crucial de las organizaciones de la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos humanos. En este sentido, la ONU instó a la Cámara de Diputados a rechazar el proyecto, que aún debe ser evaluado en el pleno.
La reiterada preocupación de Gina Romero surge en un contexto de filtraciones de datos personales y contratos privados de personas que trabajaron con ONG. Estos datos fueron utilizados por operadores políticos vinculados al cartismo para desprestigiar a periodistas y actores sociales. Pese a estas denuncias, el vocero de la CBI, Gustavo Leite, negó la filtración de información, aunque anunció que los documentos relacionados con la investigación serán publicados.
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La última sesión de la CBI, que se celebró públicamente, contó con la participación de activistas y periodistas cercanos al cartismo, cuyas intervenciones se centraron más en teorías ideológicas que en la investigación concreta de delitos. Las discusiones incluyeron suposiciones sobre el financiamiento de actividades políticas, la imposición de la ideología de género y la supuesta promoción de la homosexualidad a través de las ONG.
La investigación de la CBI se centra oficialmente en delitos como el lavado de dinero. Sin embargo, hasta el momento, las sesiones públicas reflejaron una tendencia a utilizar la comisión como plataforma para atacar a las ONG que promueven derechos civiles, particularmente aquellas vinculadas a la defensa de los derechos indígenas y sociales.
Tierraviva, una ONG que trabajó por más de 30 años en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, emitió una carta abierta en la que rechazó los ataques recibidos durante las sesiones de la CBI. La organización señaló que, en lugar de presentar pruebas concretas, los ponentes citados por la comisión se limitaron a difundir calumnias y acusaciones sin fundamento.
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En su carta, Tierraviva expresó que estas declaraciones no solo afectan a la organización, sino que también violan principios constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia y la protección del honor. En respuesta, anunciaron que se reservan el derecho de iniciar acciones civiles para exigir una reparación por el daño moral causado.
Fuente: Última Hora.
