Exfiscala Ana Girala. Foto: ARCENIO ACUÑA.
El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres reprogramó el juicio contra la exfiscala de San Lorenzo, Ana Elizabeth Girala López, para los días 10 al 12 de febrero de 2025. La causa, caratulada como “Ana Elizabeth Girala López y otras/ persecución de inocentes, asociación criminal y otros”, debía iniciar este martes en el Palacio de Justicia de Asunción, pero fue suspendida debido a la superposición con otro juicio.
El aplazamiento se debe a que la jueza Morel también debía atender la continuación del caso “Nelzo Ramón López Ruiz y otros s/ lesión de confianza”, el cual ya estaba fijado para las mismas fechas. Esta es la tercera vez que el juicio contra Girala se pospone. El proceso inició con una denuncia en 2019 y una acusación formal en 2023, por extorsión, cohecho pasivo, persecución de inocentes y asociación criminal.
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La acusación contra Girala y su equipo incluye 28 casos de presunta extorsión y cohecho cometidos desde la Unidad Fiscal de San Lorenzo, donde, según el Ministerio Público, se habrían inventado imputaciones para extorsionar a inocentes o favorecer a personas procesadas. Entre los acusados se encuentran dos funcionarias de la fiscalía, Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, quienes también enfrentan cargos por cohecho pasivo y asociación criminal.
El grupo incluye a varios abogados acusados de participar en el esquema de soborno y tráfico de influencias. Liz Elena Martínez Robles, abogada y supuesta autora de tráfico de influencias y extorsión, es señalada junto con Marcos Aurelio Velazco Mendoza, acusado de soborno agravado, y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como presunta autora de tráfico de influencias.
La primera suspensión del juicio se dio el 3 de setiembre de este año, cuando los abogados de Girala, Juan Rafael Ramírez y Mónica Oviedo, no se presentaron. Posteriormente, el 6 de setiembre, el abogado Álvaro Arias, quien asumió la defensa de Girala, solicitó más tiempo para estudiar el voluminoso expediente, lo que provocó una segunda suspensión.
En este contexto, la Fiscalía reunió pruebas clave, como la extracción de datos de los teléfonos móviles de los acusados, los cuales contienen mensajes que, según las investigaciones, revelan cómo se manipulaban los casos judiciales en la Unidad Fiscal.
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El Ministerio Público señaló que la oficina de Girala se convirtió en un centro de operaciones para un grupo criminal que extorsionaba a ciudadanos. Uno de los casos más destacados fue el de un ciudadano a quien le exigieron G. 25 millones para no acusar a su hijo de tentativa de homicidio. La investigación derivó en una entrega vigilada, que permitió la detención de las asistentes fiscales y varios abogados.
Fuente: ABC.
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