La Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de levantar la suspensión que pesaba sobre la fiscal Stella Mary Cano, permitiendo su reincorporación al Ministerio Público. Esta resolución, adoptada este miércoles, marca el fin de un período de incertidumbre para la controvertida funcionaria judicial, quien ahora se reintegra a sus funciones con un historial marcado por dos apercibimientos previos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El retorno de Cano al Ministerio Público genera expectativas sobre su futura asignación dentro de la institución. Dada la naturaleza de sus antecedentes como investigadora, existe especial interés en conocer si el Fiscal General del Estado determinará asignarla a alguna unidad específica, considerando las polémicas que han rodeado su desempeño profesional.
Los apercibimientos que la fiscal Cano lleva consigo están relacionados con dos casos de alto perfil que han generado considerable debate en el ámbito jurídico paraguayo. El primero se refiere a la causa contra el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, donde se le acusa de haber impulsado indebidamente una investigación. El segundo caso, conocido como MOCIPAR, le valió críticas por no haber impulsado una investigación cuando se consideraba necesario hacerlo.
En el juicio relacionado con el caso de Mario Ferreiro, el ministro Alberto Martínez Simón emitió un voto particularmente crítico contra Cano. En su opinión, el ministro argumentó que la fiscal había incurrido en mal desempeño de funciones al procesar penalmente a individuos sin evidencia suficiente. Martínez Simón llegó incluso a solicitar la destitución de Cano, cuestionando su capacidad para mantener la confianza depositada en ella por el pueblo paraguayo.
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El caso MOCIPAR también generó fuertes cuestionamientos sobre la actuación de Cano. El ministro Manuel Ramírez Candia, en su evaluación del caso, sugirió que la fiscal había operado de manera que la causa terminara en impunidad. Ramírez Candia criticó duramente la falta de diligencia investigativa de Cano, señalando que su negligencia y falta de objetividad favorecieron la impunidad en un caso de relevancia pública.
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Estos antecedentes plantean interrogantes sobre cómo la fiscal Cano ejercerá sus funciones tras su reincorporación. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de levantar su suspensión, a pesar de las críticas y apercibimientos recibidos, ha generado debates sobre los estándares de desempeño y responsabilidad en el sistema judicial.
Fuente: Judiciales.net
