Política

Familia recupera embotelladora tras un año en manos del tránsfuga Jatar Fernández

Tras un año, la familia de Gómez Brítez recupera su embotelladora, ocupada ilegalmente por el diputado Jatar Fernández.

Jatar Fernández, diputado satélite del cartismo. Foto: Arcenio Acuña Rojas

Una familia de empresarios finalmente recuperó el control de su embotelladora de agua mineral, luego de un año en el que la propiedad estuvo en manos del diputado Jatar Fernández. El predio, de 7.000 metros cuadrados y ubicado en Villeta, había sido ocupado por el legislador, quien, según la denuncia presentada, se instaló en el lugar sin la documentación legal correspondiente.

Fernando José Albino Gómez Brítez, propietario del terreno junto a su socio Hugo Guerreño, explicó que la embotelladora había sido una inversión de aproximadamente G. 1.200 millones. Denunció que Jatar Fernández ingresó de manera prepotente, presentando un contrato privado de cesión de derechos, cuya validez fue cuestionada desde el inicio.

El terreno en cuestión está inscrito a nombre de Guerreño desde setiembre del año pasado, según consta en los registros oficiales. Ayer, luego de obtener la colaboración de la Policía Nacional, Gómez Brítez y su familia pudieron recuperar el inmueble. Señaló que el predio se encontraba en completo abandono cuando lograron ingresar nuevamente.

Al acceder a la propiedad, el empresario encontró las maquinarias de la embotelladora, aunque notó la desaparición de ciertos implementos, especialmente los de oficina y sanitarios. Este hecho agrava las denuncias contra el legislador, que ya había sido señalado por manejarse de manera irregular.

La embotelladora pertenecía originalmente a la empresa Harpaya SA. Gómez Brítez se integró a la firma en 2020, luego de llegar a un acuerdo con el accionista mayoritario, Heriberto Rojas Santacruz. En mayo de 2021, Rojas otorgó a Gómez Brítez un poder amplio para administrar la compañía y el terreno en Villeta.

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Jatar Fernández, diputado vinculado al cartismo, había declarado en 2022 tener acciones por G. 400 millones en Harpaya SA. Sin embargo, la ocupación del predio se llevó a cabo sin que existieran documentos legales que respaldaran dicha acción, según la denuncia presentada ante las autoridades.

El caso ha generado revuelo debido al rol del diputado en el conflicto y la aparente impunidad con la que actuó.

Fuente: ABC Color