El Ministerio Público llevó a cabo allanamientos en dos fábricas ubicadas en Vallemí y San Lázaro, departamento de Concepción, tras denuncias por supuesta contaminación ambiental. La primera intervención se realizó en la fábrica de la Industria Nacional del Cemento (INC), mientras que la segunda se desarrolló en las instalaciones de la empresa Calpar SA, que se dedica a la producción de cal agrícola y yeso.
Los operativos fueron liderados por el fiscal Carlomagno Alvarenga, quien coordinó las inspecciones junto con la Unidad Especializada de Delitos Ambientales. También participaron técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), quienes evaluaron los impactos ambientales denunciados por los habitantes locales.
Las denuncias se centran principalmente en el transporte de Petcoke, un tipo de carbón mineral utilizado por la Industria Nacional de Cemento. Según los pobladores, el material genera una gran cantidad de polvo que se esparce en las calles y casas de la zona. Asimismo, reportan la presencia de olores desagradables, lo que ha provocado reclamos por parte de los vecinos de Vallemí, quienes exigen que el transporte del material no se realice por zonas urbanas.
En el caso de San Lázaro, la denuncia se enfocó en el polvo generado por una planta trituradora de piedras perteneciente a Calpar SA. Los residentes afirman que la actividad de la planta afecta gravemente su calidad de vida, ya que el polvo en suspensión les impide realizar actividades cotidianas al aire libre.
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El fiscal Alvarenga explicó que durante los allanamientos se constató que, debido a la bajante del río Paraguay, la INC había optado por transportar el Petcoke en camiones en lugar de embarcaciones fluviales, lo que ha agravado la dispersión de polvo en las rutas urbanas.
Las autoridades realizaron un recorrido desde el lugar de descarga hasta la fábrica, donde se llevaron a cabo mediciones ambientales y un mapeo de la zona afectada. Asimismo, se recolectaron muestras del material transportado para análisis posteriores.
El fiscal anunció que se solicitarán informes a la Dirección Especializada de Medio Ambiente y al Centro Nacional de Toxicología para evaluar los posibles riesgos para la salud de los habitantes. También se contactará a hospitales y centros de salud de Vallemí y Concepción para obtener datos sobre consultas médicas relacionadas con problemas respiratorios que pudieran estar vinculados con la contaminación.
En cuanto a la fábrica de Calpar SA, los responsables negaron estar produciendo cal agrícola, afirmando que se dedican únicamente a la trituración de piedras. No obstante, las investigaciones continúan para determinar si hay violaciones a las normativas ambientales vigentes.
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Estos allanamientos forman parte de una serie de acciones destinadas a proteger la salud pública y el medio ambiente en la región del Chaco, donde la actividad industrial ha generado preocupaciones entre la población local.
Fuente: Ultima Hora
