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Dueños de terrenos en Chovoreca aún no comparecen ante Fiscalía

La Fiscalía investiga los incendios en Chovoreca, pero los propietarios de los terrenos donde se inició el fuego aún no han comparecido. Siguen las diligencias.

Hectáreas afectadas por los incendios en la zona del cerro Chovoreca, en el Chaco. Foto: Gentileza.

El Ministerio Público continúa con la investigación sobre los incendios forestales en el área del cerro Chovoreca, aunque las dos personas identificadas como propietarias de los terrenos donde se habrían originado las llamas siguen sin presentarse ante la justicia. El fiscal del caso, Nelson Colmán, señaló que los esfuerzos investigativos continúan.

Los propietarios, Hugo Miguel Zelada y Hugo Sebastián Jara, fueron citados nuevamente para la próxima semana tras no acudir a la primera convocatoria. Colmán explicó que sus abogados alegaron que los implicados se enteraron del proceso por los medios de comunicación, motivo por el cual no acudieron inicialmente. Sin embargo, ya fueron notificados formalmente en sus respectivas direcciones.

El fiscal comentó que, hasta el momento, ninguno de los dueños presentó documentación relacionada con el arrendamiento o explotación del terreno donde se habrían iniciado los incendios. La falta de respuestas generó expectativa sobre el avance de las investigaciones.

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Dentro de las diligencias, Colmán indicó que esperan recibir nuevos informes por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y otros organismos como el Instituto Forestal Nacional (Infona). El análisis de imágenes satelitales sugiere que en la zona del incendio se realizaban trabajos de limpieza antes de que las llamas se propagaran.

El fiscal mencionó que las imágenes actuales solo muestran los focos de calor y la expansión del fuego, por lo que esperan más datos para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro.

Colmán también advirtió que quienes resulten responsables de este tipo de delitos podrían enfrentar penas de entre tres y cinco años de prisión, además de una multa que oscila entre 5.000 y 20.000 jornales, conforme a la legislación vigente.

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El Ministerio Público sigue con la recolección de pruebas y testimonios para establecer responsabilidades en este caso que afecta a una de las zonas más ricas en biodiversidad del país.

Fuente: ABC.