El senador liberocartista, Dionisio Amarilla. Foto: Gentileza.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el Lavado de Dinero, conocida coloquialmente como “comisión garrote”, ha anunciado una sesión pública para este lunes a las 15:00 horas en el tercer piso del Senado. Esta decisión, confirmada por la institución, marca un cambio significativo en la política de la comisión, que hasta ahora había mantenido sus sesiones a puerta cerrada.
El presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, senador liberal expulsado y ahora aliado del oficialismo, ha dispuesto esta apertura al público. La sesión será transmitida en vivo por TV Senado, en un aparente gesto hacia la transparencia. Sin embargo, este repentino cambio de postura ha generado interrogantes, dado que Amarilla se había mostrado anteriormente reacio a abrir las sesiones al escrutinio público.
Entre los convocados a esta sesión se encuentran los periodistas Enrique Vargas Peña de ABC TV y Rossana Escobar de La Nación. Además, se ha citado a dos activistas considerados cercanos al movimiento cartista: José Ocampos, presidente de Cañas Paraguayas, y Dannia Ríos Nacif, funcionaria de la Fiscalía. La presencia de estos activistas, descritos como operadores de extrema derecha vinculados al cartismo, ha suscitado críticas por parte de la oposición.
También han sido convocados a la sesión el contralor general Camilo Benítez y el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, lo que sugiere que la comisión busca abordar temas relacionados con el control financiero y las comunicaciones gubernamentales.
La senadora Esperanza Martínez, una voz prominente de la oposición, ha expresado su preocupación por la naturaleza de estas convocatorias. Martínez critica lo que considera un intento de “perseguir, amedrentar a la gente y hacer listas negras” a través de la participación de “opinadores” y operadores de Honor Colorado. Según la senadora, esta estrategia busca legitimar acciones de control dirigidas específicamente contra los adversarios políticos del cartismo.
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El funcionamiento de la CBI ha sido objeto de diversas críticas. Se cuestiona el hermetismo con que se han manejado las sesiones hasta ahora, así como denuncias de persecución por parte de organizaciones sin fines de lucro. Otro punto de controversia ha sido la presunta filtración de facturas y datos privados, que posteriormente fueron divulgados en redes sociales por operadores vinculados a Honor Colorado, en lo que se percibe como un intento de desacreditar a ciertos sectores.
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La decisión de hacer pública esta sesión plantea interrogantes sobre los motivos reales detrás de este cambio de estrategia. Mientras algunos lo ven como un paso hacia la transparencia, otros lo interpretan como una maniobra para legitimar las acciones de la comisión frente a las crecientes críticas.
Fuente: Última Hora
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