La reforma laboral propuesta por el Gobierno paraguayo ha puesto en evidencia la marcada desigualdad entre los sectores público y privado. Mientras los funcionarios públicos gozan de estabilidad laboral y privilegios, los empleados del sector privado se enfrentan a la posible pérdida de derechos fundamentales.
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció lo que denominó como el “mayor cambio en la ley laboral de la historia del Paraguay”, generando de inmediato reacciones adversas. Las críticas se centraron en los riesgos que la reforma plantea para la estabilidad de los trabajadores del sector privado.
La Central Nacional de Trabajadores y los sindicatos que la conforman elaboraron una agenda de acciones a tomar en el caso de que el Gobierno avance en la reforma del servicio civil y en la modificación del Código Laboral.#ABCTvPyhttps://t.co/ZvwJlbwLwV pic.twitter.com/2UzxZSThjf
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 20, 2024
Simultáneamente, el Gobierno presentó una nueva versión del proyecto de ley para la función pública, estableciendo un marco que beneficia ampliamente a los funcionarios. Esta ley les garantiza estabilidad laboral tras dos años de servicio ininterrumpido y contempla una evaluación de desempeño que resulta poco estricta.
La evaluación de los empleados públicos solo tendrá efectos en promociones, ascensos y movilidad interna, sin que existan riesgos reales de despido. Además, los requisitos para el ascenso son calificados por muchos como demasiado benévolos, lo que refuerza la percepción de privilegios en este sector.
Por otro lado, en el ámbito privado, se plantea la supresión de la estabilidad laboral que otorgan los 10 años de servicio. La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, señaló que se busca eliminar la necesidad de un juicio para despedir a empleados con más de una década en la empresa, reduciendo las garantías laborales.
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La reforma también incluye una posible revisión de las indemnizaciones, las modalidades de contratos temporales y la cantidad de permisos laborales, a menudo considerados excesivos por los empresarios.
Estos cambios, que podrían tener un impacto significativo en la clase trabajadora, revelan una clara disparidad entre el trato que reciben los empleados públicos y los del sector privado, generando una creciente preocupación en los gremios laborales y organizaciones civiles.
Fuente: Última Hora
