El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno, reconoció públicamente que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se regalaron tierras públicas a los jerarcas de su gobierno. Estas declaraciones se dieron en el marco de la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca ordenar los registros de tierras en Paraguay. Sin embargo, el anuncio ha generado polémica, pues sectores sociales denuncian que esta medida podría blanquear las posesiones ilegales.
Moreno, en una entrevista con la vocera del gobierno, Paula Carro, explicó que el desorden en los registros de tierras del país se remonta a los inicios de la República y se intensificó durante el stronismo. Durante ese período, grandes extensiones de tierras públicas destinadas a la reforma agraria fueron adjudicadas a militares, políticos y empresarios cercanos al régimen.
La nueva ley, impulsada por el gobierno de Santiago Peña, busca resolver el problema de la superposición de títulos de propiedad. Según Moreno, esta superposición afecta tanto a zonas urbanas como rurales, y es uno de los principales motivos de conflicto por tierras en el país. Las fuentes de esta irregularidad incluyen las municipalidades, las empresas loteadoras y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de 2008 reveló que, entre 1954 y 2003, casi 8 millones de hectáreas fueron adjudicadas ilegalmente. Este proceso ilegal ha dejado una marca profunda en el país, donde el 32,7% de las tierras arables terminó en manos de personas no sujetas a la reforma agraria, generando un descontento generalizado entre los campesinos.
El ministro de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, otro de los proyectistas de la ley, anticipó que la implementación de la norma generará una oleada de juicios. Según Martínez Simón, actualmente no se sabe cuántas tierras tienen títulos duplicados o triplicados, pero las cifras estimadas oscilan entre 100.000 y 200.000 kilómetros cuadrados.
El magistrado explicó que la ley contempla un proceso judicial en el que los afectados por la superposición de títulos serán notificados para que entablen una demanda. Un juez será el encargado de determinar cuál de los títulos prevalece y cuál debe anularse.
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La nueva legislación también creará el Registro Unificado Nacional (RUN), que integrará los Registros Públicos, el Catastro Nacional y otros departamentos gubernamentales, con el fin de centralizar y coordinar la información sobre la propiedad de tierras.
A pesar de la urgencia del proyecto, senadores de la oposición lograron postergar su discusión tras una reunión con el presidente Peña. Se acordó la creación de una mesa de trabajo que permita avanzar en la implementación de la normativa, aunque el conflicto en torno a las tierras sigue latente.
Fuente: LPO
