La exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez han confirmado oficialmente su ruptura con el Partido Encuentro Nacional (PEN). Esta decisión, que se venía gestando desde hace meses, marca un punto de inflexión en la configuración de la oposición paraguaya.
González, en declaraciones recientes, señaló que la separación se debe principalmente a la falta de transparencia dentro del partido. Acusó al PEN de estar “secuestrado por una cúpula”, específicamente por la familia Camacho, durante más de 15 años. Según la exsenadora, el partido utiliza figuras prominentes para atraer votos, pero maneja de manera cuestionable los subsidios electorales, que ascienden a unos 4.000 millones de guaraníes.
La exigencia de transparencia en el uso de estos fondos por parte de González y Benítez parece haber sido el detonante final de la ruptura. La solicitud de renuncia de Fernando Camacho, vinculado al polémico caso de la finca 916, exacerbó las tensiones internas, llevando a relaciones “muy crispadas” según González.
La exparlamentaria denunció la falta de comunicación por parte del partido tras su expulsión, así como la exclusión de Benítez de la última reunión partidaria. Ambos políticos, ahora con «el pase libre», enfatizan que su prioridad no es encontrar un nuevo partido, sino trabajar en la unificación de la oposición de cara a las próximas elecciones.
González subrayó la importancia de construir consensos y una “verdadera fuerza política desde el tercer espacio”, capaz de dialogar efectivamente con el Partido Liberal. Este enfoque refleja una estrategia más amplia de consolidación opositora frente a lo que describió como un “avance autoritario” en el país.
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Respecto a la reciente reunión entre líderes opositores y el presidente Santiago Peña, González se mostró escéptica. Sugirió que el encuentro podría haber sido más una maniobra de imagen por parte de Peña antes de su viaje a Estados Unidos, que un intento genuino de diálogo democrático.
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La exsenadora expresó particular preocupación por la Comisión Bicameral, conocida coloquialmente como “Comisión garrote”. Acusó a este órgano de desviarse de su objetivo original de investigar el lavado de activos, para convertirse en un instrumento de persecución política. González advirtió sobre la creación de una “lista negra” y una narrativa de persecución con “sesgos autoritarios”.
Fuente: ABC Color
