Polémica. Senadores aprobaron una reprogramación. GENTILEZA
La jubilación VIP de los parlamentarios paraguayos podría costarle al Estado unos USD 100 millones cada 15 años, según estimaciones recientes. Este sistema permite que los legisladores se jubilen con tan solo cinco años de aporte y comiencen a cobrar pensiones durante décadas. Actualmente, más de un centenar de exparlamentarios se benefician de este esquema, habiendo cobrado durante más de 20 años sin haber cumplido con los periodos de aporte que se exigen a otros trabajadores del país.
La senadora liberal Celeste Amarilla criticó duramente este sistema, calificándolo de “inadmisible” y señalando que permite a legisladores jubilarse a los 50 años y cobrar por periodos que pueden extenderse hasta 25 años o más. “No se puede permitir que alguien con cinco años en el cargo pase a cobrar por 25 años. Es un despilfarro de la caja parlamentaria”, expresó Amarilla.
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La congresista también hizo hincapié en la urgente necesidad de reformar el sistema de jubilación parlamentaria, proponiendo que se exijan al menos dos periodos de aporte (15 años) y que la edad mínima para jubilarse sea de 65 años, como sucede con la mayoría de los trabajadores en Paraguay, quienes deben aportar durante 25 años y esperar hasta los 60 años para acceder a la jubilación completa.
En una sesión reciente del Senado, se aprobó la reprogramación de G. 3.500 millones, de los cuales G. 2.500 millones están destinados a la jubilación de los legisladores y el resto al funcionamiento de las comisiones asesoras. Esta medida ha generado polémica y ha sido defendida por algunos legisladores con el argumento de que “el ciudadano es el patrón” y, por lo tanto, debe asumir los costos.
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Según el sistema vigente, los parlamentarios pueden jubilarse a los 55 años tras completar 15 años de aporte, recibiendo el 80% del promedio de su dieta como pensión. En contraste, el trabajador ordinario solo puede acceder a la jubilación completa a los 60 años si ha aportado durante 25 años.
La senadora Amarilla insistió en que este sistema es insostenible para el Estado y debe reformarse de manera urgente para evitar que continúe el despilfarro de recursos públicos.
Fuente: Última Hora
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