Un 21 de septiembre del 2004, el inicio de la primavera se tornó oscuro para la familia Cubas Gusinky. Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, fue secuestrada en San Lorenzo por un grupo del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Tras meses de negociaciones y falsas esperanzas, su cuerpo fue hallado enterrado en una fosa en febrero del 2005, marcando uno de los secuestros más trágicos en la historia reciente de Paraguay.
El secuestro fue meticulosamente planeado por el EPP, con apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante dos años, sus captores compraron propiedades, vehículos y reclutaron a jóvenes para ejecutar el plan. El 21 de septiembre del 2004, Cecilia fue interceptada cuando regresaba del trabajo, en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo. Cinco hombres la obligaron a bajar de su camioneta, la cual recibió 30 impactos de bala dirigidos al motor para inmovilizar el vehículo.
Las negociaciones comenzaron de inmediato. Los secuestradores, a través de llamadas y correos electrónicos, exigieron inicialmente USD 5 millones por su liberación, pero la cifra fue reducida a USD 300.000. El pago se realizó el 12 de noviembre, pero los captores no cumplieron su promesa y Cecilia nunca fue liberada.
El 16 de febrero del 2005, su cuerpo fue encontrado enterrado en una casa en Mbocayaty, Ñemby. Cecilia fue mantenida dopada y enterrada viva, muriendo asfixiada, según lo revelado en el juicio por el forense Pablo Lemir. El hallazgo desató una ola de indignación en el país, y el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado en Paraguay.
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Hoy, 20 años después, uno de los presuntos secuestradores, Lorenzo González, está siendo juzgado. El fiscal Lorenzo Lezcano asegura que se ha demostrado su participación en el secuestro. Sin embargo, muchos de los implicados, como Magna Meza, Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba, permanecen prófugos.
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El caso de Cecilia Cubas sigue siendo un recordatorio de la capacidad destructiva del crimen organizado y de las deudas pendientes del Estado en la lucha contra estos grupos. Para la familia Cubas Gusinky, el dolor sigue presente, y el reclamo de justicia persiste. “No vamos a parar hasta que todos los involucrados en este caso comparezcan ante la Justicia”, afirmó el fiscal Lezcano.
Fuente: ABC Color
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