Esta semana, la comisión bicameral de investigación (CBI) dirigida por senadores del cartismo, como Dionisio Amarilla y Gustavo Leite, centró su atención en atacar a ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) consideradas “enemigas” del cartismo. Sin embargo, se generaron críticas sobre la protección que esta comisión otorga a entidades vinculadas al grupo económico del expresidente Horacio Cartes, como las fundaciones Ñande Paraguay y Ramón Telmo Cartes.
El plan del cartismo fue claro: enfocar la artillería contra aquellas ONG que critican o denuncian la gestión de sus aliados, y las investigaciones no parecen orientarse al lavado de dinero en sí, sino al financiamiento internacional que reciben. Esta postura fue respaldada por una campaña de desprestigio en redes sociales, que busca debilitar la credibilidad de las organizaciones y de periodistas críticos.
Entre 2013 y 2022, el Presupuesto General de la Nación transfirió aproximadamente USD 443.500 millones a ONG. Sin embargo, según los analistas, la comisión bicameral parece centrarse en un reducido número de entidades bajo sospecha, mientras que la mayor parte de las ONG inscritas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que ascienden a 1.600, no están siendo investigadas.
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El senador Rafael Filizzola, miembro de la oposición, cuestionó en la última sesión los criterios de la comisión sobre el concepto de lavado de dinero. Según Filizzola, no hay evidencia de que estas ONG acusadas manejen fondos ilícitos, y señaló la inconsistencia de las acusaciones si no se puede identificar una fuente delictiva.
Por otro lado, la atención sobre las ONG vinculadas al expresidente Cartes parece ser mucho más laxa. Organizaciones como la Fundación Ramón Telmo Cartes, mencionada en informes de inteligencia financiera de la Seprelad, fueron señaladas en investigaciones pasadas por supuestas operaciones de simulación de ventas entre empresas del grupo Cartes para justificar el contrabando de cigarrillos.
La Fundación Ramón Telmo Cartes, por ejemplo, adquirió cigarrillos por valor de G. 1.498 millones entre 2017 y 2021, según un informe de Seprelad. Esta transacción levantó sospechas debido a que la fundación, como organización sin fines de lucro, no debería estar involucrada en actividades comerciales. Además, la fundación aportó apenas G. 3.543.078 al fisco en 2021 y registró 85 empleados ante el IPS, lo que generó sospechas de que se trata de una entidad “de maletín”.
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La diferencia de tratamiento entre estas organizaciones y aquellas financiadas por organismos internacionales, a las que la comisión ataca sin pruebas contundentes, pone en evidencia una agenda política más que una real preocupación por el combate al lavado de dinero.
Fuente: La Política Online.
