El juez Penal de Garantías José Agustín Delmás rechazó nuevamente la solicitud de desestimación de la denuncia contra el exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, por supuesta lesión de confianza. La denuncia se originó tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó posibles irregularidades durante su gestión. Ahora, la Fiscalía General del Estado tendrá la última palabra sobre el futuro de la investigación.
El caso involucra un presunto perjuicio patrimonial de G. 312 millones relacionado con el cobro a permisionarios del Paseo Quinta Avenida en 2019. La fiscala Nathalia Silva, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, había solicitado el archivamiento de la denuncia, argumentando que no encontró “hechos punibles relevantes” en su investigación.
Sin embargo, el juez Delmás consideró que aún existen elementos probatorios que deben ser analizados en profundidad, lo que motivó su oposición al archivo de la causa. El magistrado señaló que se trata de un caso complejo que involucra la administración del patrimonio público de la Municipalidad de Asunción.
La investigación original de la Contraloría también incluyó observaciones sobre espacios verdes, relleno sanitario y control interno. En su informe, Silva defendió que las acciones correctivas adoptadas por el Municipio para regular estas áreas no evidenciaban un perjuicio patrimonial significativo.
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El caso se ha centrado en el no cobro de cánones a los permisionarios del Paseo Quinta Avenida durante la ejecución de obras de mejoramiento. La fiscala argumentó que, al no haberse prestado el servicio correspondiente, no existía el derecho de cobro por parte de la Municipalidad, por lo que no se configuraba un perjuicio patrimonial.
Pese a la solicitud de Silva para archivar la denuncia, el juez Delmás remitió nuevamente el expediente a la Fiscalía General del Estado, que tendrá 10 días para decidir si ratifica o modifica la petición de la agente fiscal.
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Este proceso está amparado por el artículo 314 del Código Procesal Penal, que permite al juez oponerse a las decisiones del Ministerio Público y remitir el caso a la Fiscalía General para su revisión. En caso de que la Fiscalía insista en el archivo, el juez deberá resolver conforme a esa recomendación, aunque las partes afectadas podrán impugnar la decisión.
Fuente: ABC Color
