El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió por mayoría iniciar una investigación preliminar contra el juez Osmar Legal y los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. El caso se vincula a supuestas irregularidades en el marco del operativo Pavo Real Py II, en el que falleció el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, el pasado 19 de agosto. Gomes, quien era investigado por presunto lavado de dinero a favor del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, fue abatido durante un allanamiento policial.
La decisión del JEM responde a una solicitud presentada por el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, quien instó a que se analice el desempeño del juez y los fiscales involucrados en el procedimiento. Tras evaluar la petición, el pleno del JEM, integrado por senadores, diputados y magistrados, aprobó con siete votos avanzar con la investigación. Entre los miembros que respaldaron la decisión se encuentran los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, así como el consejero Enrique Berni y la presidenta del JEM, Alicia Pucheta.
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El proceso investigativo comenzará con la solicitud de copias de la carpeta fiscal y otros documentos relacionados con el caso, a fin de obtener un panorama completo de los eventos que culminaron con la muerte de Gomes durante el allanamiento. La diligencia busca determinar si existió mal desempeño de funciones por parte de los actores judiciales en las fases previas y en la ejecución del operativo.
Sin embargo, no todos los miembros del JEM estuvieron de acuerdo con la decisión. El ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, se opuso a la investigación y propuso archivar los antecedentes del caso. Según Ramírez Candia, aunque la muerte de Gomes fue un hecho grave, no se observaron indicios de irregularidades en la actuación del juez y los fiscales durante la etapa previa al allanamiento. Señaló que la responsabilidad de la muerte recaería en la ejecución del operativo por parte de las fuerzas policiales.
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A medida que avanza la investigación, el JEM deberá evaluar si existieron fallas en los procedimientos judiciales que derivaron en este trágico desenlace, y si los actores involucrados actuaron conforme a sus responsabilidades.
Fuente: ABC.
