Foto: Presidencia de la República
El Gobierno entregó recientemente a la Policía Nacional 250 patrulleras, 100 motocicletas y 1.500 chalecos antibalas, con la intención de reforzar su capacidad operativa. La inversión de más de USD 12 millones fue financiada a través de los recursos obtenidos gracias al acuerdo con Brasil en las negociaciones de la tarifa energética de Itaipu.
El acto de entrega se llevó a cabo el jueves en la explanada litoral del Palacio de Gobierno. Durante el evento, el presidente Santiago Peña destacó que sin seguridad, el desarrollo del país sería imposible. Sin embargo, aunque esta inversión supone un avance, la eficiencia y la correcta distribución de los recursos en todos los departamentos del país sigue siendo un tema debatido.
Las camionetas pickup entregadas, utilizadas para el patrullaje, refuerzan la flota de la Policía Nacional, lo que en teoría debería permitir una mayor capacidad de intervención en comisarías y subcomisarías a nivel nacional. Sin embargo, algunos sectores críticos señalan que los problemas estructurales de la policía, como la falta de formación continua y los bajos salarios, no se resuelven solo con más equipamiento.
Además, se incorporaron motocicletas de alta tecnología y chalecos antibalas, con el objetivo de fortalecer las tareas preventivas del Grupo Lince. Aunque estas herramientas pueden mejorar la seguridad, algunos expertos advierten que la efectividad dependerá de su uso adecuado y de un mayor control en la implementación de estrategias policiales.
El presidente Peña afirmó que esta entrega es parte de un plan integral de seguridad ciudadana y que el Gobierno está comprometido en crear las condiciones necesarias para que los agentes de seguridad contribuyan al desarrollo del país. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre cómo este equipamiento será gestionado y si realmente tendrá un impacto significativo en la reducción de la criminalidad.
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En su discurso, el presidente también destacó la negociación con Brasil sobre la tarifa eléctrica de Itaipu, que permitirá mantener ingresos adicionales de hasta USD 1.250 millones al año. Parte de estos fondos, unos USD 97 millones, serán destinados a proyectos de seguridad pública durante los próximos cuatro años, incluyendo la construcción de comisarías y la dotación de tecnología avanzada para la policía.
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No obstante, pese a las promesas de mejoras en seguridad, organizaciones civiles cuestionan si este tipo de inversiones realmente atacan la raíz de los problemas de inseguridad, como la desigualdad social y la falta de empleo en sectores vulnerables. Sin reformas más profundas en la estructura policial y un enfoque integral en políticas sociales, el impacto de estos recursos podría ser limitado.
Fuente: Agencia IP
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