La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, más conocida como comisión “garrote”, ha convocado a una serie de personas para este lunes con el objetivo de investigar el flujo de dinero extranjero hacia organizaciones no gubernamentales (ONG) y su posible uso en campañas políticas. El senador Dionisio Amarilla, presidente de la comisión, explicó que el propósito es garantizar el cumplimiento de la ley y detectar posibles irregularidades en el manejo de estos fondos.
Amarilla afirmó que la comisión tiene indicios de que fondos provenientes del exterior, algunos de ellos públicos o de cooperación internacional, podrían haber sido utilizados por actores políticos. La investigación busca verificar si esos recursos fueron declarados correctamente, como lo establece la normativa electoral.
“Estamos cruzando documentos para confirmar si estos fondos, que llegaron en época electoral, fueron efectivamente declarados. Al mirar los documentos, cambia la perspectiva de lo que se había afirmado”, explicó Amarilla, refiriéndose a la discrepancia entre las declaraciones de los responsables de las ONG ante la Justicia Electoral y la documentación que ahora maneja la comisión.
Entre los convocados a declarar ante la comisión se encuentran figuras como el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, y la periodista Rossana Escobar, entre otros. Según Amarilla, los llamados a declarar son considerados “eruditos” en el manejo de fondos dentro de las ONG, y su testimonio será clave para el avance de la investigación.
El senador también cuestionó la eficacia de la ley de financiamiento político, señalando que algunos políticos declararon cero gastos durante las campañas electorales, a pesar de que sus actividades mostraban un elevado nivel de inversión, como la presencia de carteles en varias ciudades del país. “Algo no está cerrando en la ley de financiamiento. Es necesario ajustar las normativas para evitar irregularidades”, expresó Amarilla.
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Según el senador, el objetivo de la comisión no solo es detectar posibles irregularidades, sino también determinar si la ley de financiamiento político necesita modificaciones para mejorar su transparencia y aplicación. Además, se busca hacer públicas todas las informaciones relacionadas con el manejo de fondos extranjeros y su posible uso político.
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“Hay indicios de que esos fondos llegaron a manos de actores políticos. La comisión evaluará la situación y propondrá soluciones para garantizar la transparencia”, concluyó Amarilla.
Fuente: ABC Color
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