Rafael Filizzola, senador del PDP, criticó la creación de una comisión garrote contra el Grupo Zuccolillo. (Gentileza).
El senador Rafael Filizzola (PDP) anunció que junto con otros miembros de la oposición presentarán un proyecto de resolución que busca que las sesiones de la comisión conocida como “garrote” sean públicas. Esta comisión fue acusada de perseguir a los llamados “enemigos” del cartismo, y hasta el momento, sus reuniones se llevaron a cabo de manera reservada. Filizzola expresó su preocupación por esta práctica, preguntándose bajo qué disposición reglamentaria se justifican las sesiones secretas y señalando que estas violan la Ley de Acceso a la Información Pública.
El senador cuestionó además la filtración de documentos de la comisión, calificando de “miserables” a los miembros por exponer recibos de G. 600.000 por servicios prestados, sin que estos estén relacionados con fondos públicos. Filizzola criticó que se investiguen actividades de personas contratadas por agencias internacionales, como la USAID, y sugirió que la comisión parece estar construyendo hipótesis “ridículas” sobre el lavado de dinero.
Filizzola se mostró especialmente crítico con el enfoque de la comisión, que según él, está más interesada en investigar a organizaciones privadas en lugar de consultar a instituciones como el Poder Judicial. Añadió que la comisión debería pedir informes a organismos como la Cancillería en lugar de perseguir a consultores privados, dando a entender que hay una intencionalidad política detrás de las acciones del órgano.
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Por su parte, el senador Colym Soroka (ANR), miembro de la comisión, también expresó su apoyo a que las sesiones sean públicas, argumentando que la transparencia es fundamental para evitar acusaciones de parcialidad. Soroka señaló que si en algún momento se viola el derecho de alguna persona, pedirá que se asuman las responsabilidades correspondientes.
Además, Soroka criticó que la comisión no se esté ocupando de investigar el caso del diputado abatido Eulalio “Lalo” Gomes, vinculado al lavado de dinero. Según el legislador, este caso presenta mucho material para analizar, pero la comisión optó por centrar su atención en otros asuntos que preocupan menos.
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Finalmente, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) calificó la labor de la comisión como “el papelón más grande del Congreso”. Amarilla afirmó que la comisión está desubicada jurídicamente y recordó que, de acuerdo con la Constitución Nacional, el trabajo de las ONG y periodistas es privado mientras no implique el uso de fondos públicos.
Fuente: ABC.
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