El senador Derlis Maidana.
El anteproyecto de ley del Servicio Civil, presentado por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y discutido en el Congreso bajo la coordinación del senador Derlis Maidana, busca modificar el régimen laboral de más de 300.000 funcionarios públicos en Paraguay. El texto propone algunas novedades polémicas, como la legalización del nepotismo en “casos excepcionales”, y garantiza la estabilidad laboral a partir de los dos años de servicio.
La iniciativa, que pretende sustituir la ley 1626, ya ha sido objeto de análisis en audiencias públicas y ha generado amplio debate en diversos sectores. Si bien la propuesta prohíbe en términos generales la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, deja abierta una puerta para nombramientos familiares si estos cuentan con una “experiencia notoria” y conocimientos técnicos específicos.
El borrador de la ley también introduce la posibilidad de que las autoridades públicas puedan contratar hasta tres asesores sin necesidad de concurso público, aunque estos deberán demostrar al menos cinco años de experiencia profesional. Además, los asesores conservarán sus derechos adquiridos durante su tiempo en el cargo.
Un punto central del anteproyecto es la estabilidad laboral. Los funcionarios que acumulen dos años ininterrumpidos de servicio podrán acceder a este beneficio, lo que representa una mejora para miles de trabajadores públicos en el país. La medida busca dar garantías a los empleados y evitar el despido arbitrario.
En relación con el nepotismo, la iniciativa ha sido criticada por dejar abierta la posibilidad de contratar familiares en casos excepcionales. Esto ha generado reacciones en diversos sectores, que ven en esta disposición una legalización de prácticas poco transparentes.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
El texto también regula el ingreso a la función pública a través de concurso, salvo en cargos de confianza, donde el nombramiento puede ser discrecional. Sin embargo, la ley aclara que las contrataciones en violación de estas disposiciones serán nulas, y los afectados no podrán demandar al Estado.
El proyecto está siendo evaluado por diferentes gremios y sindicatos, que han expresado tanto su apoyo como sus críticas. El gobierno de Santiago Peña enfrenta la presión de diversos sectores que exigen mayores garantías en el ámbito laboral, tanto en el sector público como en el privado.
Fuente: LPO
Esta web usa cookies.