Durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el bloque cartista, en alianza con otros legisladores, tomó la decisión de archivar el proyecto de ley que buscaba incluir en el Presupuesto General de la Nación los fondos adicionales derivados del ajuste en la tarifa de energía eléctrica cedida a Brasil por Itaipú. La iniciativa, impulsada por el diputado Diosnel Aguilera (PLRA), pretendía fortalecer la transparencia y el control sobre los recursos generados por la binacional.
El argumento presentado por los legisladores opositores a la medida se basó en la premisa de que Itaipú Binacional se encuentra bajo un tratado internacional. Según lo manifestado por la diputada Cristina Villalba (ANR-HC), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, la implementación de esta ley podría interferir con la estructura jurídica autónoma de la entidad, lo cual podría desembocar en tensiones entre Paraguay y Brasil, las dos naciones involucradas en la administración de la hidroeléctrica.
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Villalba también señaló que Itaipú fue establecida bajo un marco normativo internacional, lo que, a su juicio, garantiza su autonomía frente a iniciativas legislativas locales. Subrayó que cualquier intento de legislar sobre los fondos de la binacional podría derivar en conflictos de índole diplomática y financiera, poniendo en riesgo el acuerdo entre las partes contratantes.
Por su parte, el diputado Aguilera refutó esta interpretación, afirmando que no existe impedimento jurídico o diplomático que obstaculice el control de los fondos provenientes de la energía excedente de Itaipú. Según su opinión, el marco legal paraguayo otorga prioridad a la Constitución Nacional sobre los tratados internacionales, lo que habilitaría la incorporación de dichos fondos al presupuesto estatal.
Aguilera criticó el manejo histórico de los fondos sociales de la binacional, los cuales, en su opinión, fueron administrados de manera discrecional por los gobiernos de turno para fines proselitistas o dirigidos hacia sectores políticos específicos. Resaltó que la falta de control fomenta la corrupción y dificulta la transparencia en la gestión pública.
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Un proyecto similar, presentado en el Senado por la legisladora Yolanda Paredes (CN), fue igualmente rechazado, lo que evidencia una postura recurrente del oficialismo, que en sus discursos defiende la transparencia, pero se opone a medidas concretas que la implementen.
Fuente: ABC.
