Judiciales

Miguel Prieto declara por supuesto caso de lesión de confianza

Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, declara ante la Fiscalía por un caso de supuesta lesión de confianza relacionado a compras durante la pandemia.

Miguel Prieto Vallejos, intendente de Ciudad del Este (CDE) ingresa a la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea). GENTILEZA

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, se presentó este martes en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) del Ministerio Público en Asunción para prestar declaración indagatoria en una causa abierta por supuesta lesión de confianza. Este proceso está relacionado con una presunta compra fraudulenta de panificados durante la pandemia del covid-19.

Prieto llegó a la sede fiscal acompañado de sus abogados defensores, Gilda Portillo y Andrés Casati. El fiscal a cargo del caso, Silvio Corbeta, será el encargado de tomar la declaración indagatoria del intendente, quien busca ofrecer su versión sobre las acusaciones que enfrenta.

Este es el segundo caso en el que Prieto es llamado a declarar ante el Ministerio Público en el marco de una causa de lesión de confianza. En diciembre del año pasado, también había sido convocado en el proceso conocido como “caso Tía Chela”, relacionado con la misma empresa proveedora. En esa oportunidad, Prieto optó por abstenerse de declarar.

En julio de 2023, Miguel Prieto y otras diez personas fueron imputadas por el caso denominado “Tía Chela”. Según la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia (actual juez penal de garantías), la Municipalidad de Ciudad del Este habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000. Esto habría ocurrido por la compra de alimentos realizada en 2020 mediante una licitación por vía de la excepción, adjudicada a la empresa Tía Chela SRL.

La Fiscalía sostuvo que Tía Chela SRL no contaba con la capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por un monto de G. 2.949 millones. Además, refirió que no había trazabilidad de los productos que la empresa adquirió de sus proveedores y que muchos de los supuestos beneficiarios no residían en el país.

Tras su llegada a la Fiscalía, Miguel Prieto expresó ante la prensa que se trata de “una cuestión política” y que “están inventando cosas y buscando manipular información para atribuirme un hecho de corrupción”. El intendente se mostró firme en su postura de que las acusaciones en su contra son infundadas y parte de un ataque político en su contra.

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El proceso judicial seguirá con la revisión de pruebas y las declaraciones de los demás imputados. La defensa de Prieto, encabezada por Gilda Portillo y Andrés Casati, ha manifestado su intención de presentar pruebas que demuestren la falta de fundamentos de las acusaciones.

Antecedentes del caso

La causa que involucra a Miguel Prieto y otros funcionarios municipales se originó durante la pandemia de covid-19, cuando el municipio de Ciudad del Este realizó la compra de alimentos por la vía de la excepción. Este procedimiento se habría llevado a cabo de manera irregular, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado.

El Ministerio Público continuará con la investigación para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de los contratos y si se cometió lesión de confianza por parte del intendente y los otros acusados. La Fiscalía también evaluará la trazabilidad de los fondos utilizados en la compra de los alimentos.

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A pesar de las imputaciones y procesos judiciales en curso, Miguel Prieto continúa defendiendo su gestión al frente de la Intendencia de Ciudad del Este. El intendente sostiene que las denuncias forman parte de una campaña política en su contra y que demostrará su inocencia ante la justicia.

Fuente: ABC Color