Un controvertido esquema de bonificaciones fue revelado en el seno de las Fuerzas Armadas paraguayas, donde se constató que numerosos integrantes dedicados a labores puramente administrativas están siendo beneficiados con asignaciones millonarias por concepto de exposición al peligro. Esta situación fue puesta en evidencia a través de registros obtenidos por fuentes periodísticas, los cuales demuestran una aparente discrepancia entre la normativa vigente y la práctica actual.
El decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación para el año en curso contempla el pago de una bonificación por exposición al peligro de hasta el 40% del salario base para el personal militar en servicio activo. Sin embargo, una orden especial emitida a principios de año establecía que este porcentaje máximo debía ser destinado prioritariamente a aquellos efectivos que prestan servicio en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), también conocido como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
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Contrariamente a lo estipulado, las verificaciones realizadas indican que un grupo selecto de aproximadamente 50 funcionarios militares, asignados a tareas administrativas, están percibiendo el máximo porcentaje de bonificación. Este privilegio les permite acceder a remuneraciones globales que oscilan entre G.24 y G.37 millones de guaraníes mensuales, cifras considerablemente superiores a las de sus pares que desempeñan funciones de mayor riesgo.
Entre los beneficiarios de estas bonificaciones preferenciales se encuentran personal asignado a áreas como patrimonio, secretaría general, informática, recursos humanos y la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Centro Financiero Nº 2, dependiente del Comando del Ejército. Asimismo, se identificó a altos cargos directivos como beneficiarios de este esquema, incluyendo al general Alfredo Grance, titular de la Dirección de Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, y a los coroneles Hugo Martínez y Carlos Martínez, directores de Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional y del Centro Financiero Nº 2, respectivamente.
La revelación de esta situación generó una respuesta inmediata por parte del Ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien expresó su sorpresa y desaprobación ante estos pagos selectivos. El funcionario reconoció que la práctica “está muy mal” y afirmó que el personal administrativo no debería percibir tales diferencias en sus bonificaciones. González reiteró que la prioridad para el cobro de estas asignaciones debería recaer en el personal del CODI y aquellos que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de sus funciones, como por ejemplo, quienes brindan seguridad en centros penitenciarios.
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El ministro se comprometió a llevar a cabo las verificaciones necesarias y a corregir esta práctica, reconociendo que no todo el personal militar puede acceder al máximo porcentaje de bonificación por exposición al peligro.
Fuente: ABC.
