En la sesión ordinaria programada para mañana martes, la Cámara de Diputados examinará una propuesta legislativa que pretende modificar sustancialmente las sanciones aplicables a los perpetradores de delitos sexuales contra menores. El proyecto en cuestión, que ya obtuvo la aprobación del Senado, propone elevar la pena máxima de prisión a 28 años para aquellos individuos condenados por actos de acoso y abuso sexual contra niños y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por un grupo de senadores de diversas bancadas, busca no solo incrementar las sanciones, sino también actualizar y ampliar la terminología empleada en el ámbito jurídico. Esta modificación tiene como objetivo evitar que los tribunales continúen utilizando tecnicismos que, en ocasiones, resultaron en la exoneración de los acusados. El texto propuesto contempla enmiendas a los artículos 128 y 135 del Código Penal vigente, cuya última actualización data del año 2008.
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Entre las novedades más destacadas del proyecto se encuentra el establecimiento de la imprescriptibilidad del delito, aunque cabe mencionar que esta disposición ya está contemplada en la legislación actual. Asimismo, se introducen nuevas modalidades delictivas relacionadas con el abuso sexual perpetrado a través de medios tecnológicos, estableciendo penas más severas y una regulación más exhaustiva para estos casos.
Los promotores de la medida argumentaron que estas modificaciones son necesarias para abordar los vacíos legales existentes y asegurar que las penas impuestas reflejen adecuadamente el daño irreversible causado a las víctimas menores de edad. Se puso especial énfasis en la gradación de las sanciones en función de la gravedad de los actos cometidos, considerando factores como la penetración o el coito.
No obstante, el proyecto no estuvo exento de críticas. Algunos legisladores expresaron su preocupación por la severidad de las penas propuestas, señalando que en algunos casos podrían superar incluso las sanciones establecidas para casos de homicidio. Esta situación, adviertieron, podría tener un efecto contraproducente, incentivando a los agresores a eliminar a sus víctimas para evitar enfrentar condenas más largas por abuso sexual.
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Mientras que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia manifestó su respaldo al incremento de las penas, otros funcionarios enfatizaron la importancia de la prevención como estrategia complementaria. El viceministro de Protección Integral de la Niñez, Eduardo Escobar, reconoció que el mero aumento de las sanciones no garantiza una reducción en la incidencia de estos delitos, subrayando la necesidad de abordar el problema desde múltiples perspectivas y escenarios.
Fuente: ABC.
