El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, el cual asciende a G. 132,8 billones, equivalentes a USD 17.557 millones. Esta cifra representa un incremento del 14% respecto al presupuesto aprobado para 2024, lo que equivale a G. 16,3 billones más. De ese total, se asignan G. 69,1 billones a la administración central y G. 63,7 billones a las entidades descentralizadas.
El proyecto de presupuesto contempla un total de 331.300 cargos permanentes distribuidos en 106 instituciones, que incluyen personal administrativo, de salud, docentes, policías y militares. Esta cifra incluye la creación de 11.978 nuevos cargos, la mayoría de ellos en el Ministerio del Interior, con el objetivo de aumentar el número de efectivos policiales.
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En cuanto al gasto salarial, la administración central destinará G. 23,8 billones, lo que supone un incremento del 8,3% en comparación con el presente año. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no incluyó datos sobre la cantidad de personal contratado en la administración pública, aunque se estima que supera los 50.000 empleados.
El proyecto de ley incluye la continuidad de los programas de retiro voluntario para funcionarios permanentes, una práctica que busca reducir la cantidad de empleados públicos y el gasto salarial. No obstante, esta medida fue objeto de críticas, ya que, en muchos casos, los puestos vacantes vuelven a ser ocupados, lo que limita la efectividad del programa.
En diciembre del año pasado, por ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, autorizó el pago de G. 37.963 millones para la desvinculación anticipada de 137 funcionarios, un antecedente que refleja el alto costo de este tipo de programas. A pesar de ello, el retiro voluntario se sigue implementando anualmente como parte de las políticas de reordenamiento del personal público.
El PGN 2025 también introduce un programa de retiro incentivado para el personal contratado. Esta medida, que ya había sido contemplada en decretos anteriores, está dirigida a empleados con al menos 10 años de servicio continuo y 60 años de edad. La aplicación de este programa estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de los organismos del Estado.
Por otro lado, se prevé un nuevo proceso de desprecarización laboral, el cual permitirá que el personal contratado pase a ser permanente tras cumplir ciertos requisitos, como haber sido contratado mediante concurso y contar con al menos cuatro años de servicio ininterrumpido. Sin embargo, los contratos realizados antes del ejercicio fiscal 2014 estarán exceptuados del requisito de concurso.
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Esta normativa busca mejorar las condiciones laborales del personal contratado, pero generó preocupación debido a que, en ocasiones, las plazas vacantes resultantes de estos procesos son ocupadas por personas allegadas a políticos, un fenómeno conocido popularmente como “nepobabies”. Este problema fue recurrente en los últimos años y generó críticas sobre el uso de los recursos públicos.
Fuente: ABC.
