El Gobierno, a través del Consejo de la Superintendencia de Jubilaciones, busca acceder a los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS). El monto en cuestión asciende a USD 2.200 millones, incluidos depósitos en diferentes bancos y propiedades valoradas en unos USD 900 millones.
Este movimiento se realizaría bajo la Ley 7235/2023, que establece el rol supervisor del Estado sobre las entidades de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, organizaciones de funcionarios del IPS han recurrido a la Corte Suprema de Justicia, alegando que esta medida es inconstitucional.
Presidente promulga Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones en medio de polémica
Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, presionó para que el Consejo de la Superintendencia entre en funcionamiento lo antes posible, incluso si los jubilados y trabajadores no designan a sus representantes en dicho órgano. Fernández Valdovinos ha sido señalado como uno de los principales impulsores de esta propuesta.
El IPS cuenta actualmente con una recaudación anual de USD 400 millones, distribuidos en tres fondos: jubilatorio, salud y administrativo. Mientras el obrero aporta un 9% de su salario al IPS, el Estado ha acumulado una deuda de USD 500 millones, ya que no ha cumplido con su aporte desde 1943.
En 2018, Benigno López, entonces presidente del IPS, firmó un acuerdo con el banco BBVA que permitió la administración de grandes sumas de dinero. Este acuerdo fue criticado por la Contraloría General de la República, que lo consideró irregular y perjudicial para el fondo de jubilaciones.
En 2023, el gobierno de Santiago Peña incluyó las rentas del IPS en el Presupuesto General del Estado, lo que provocó nuevas denuncias de violación a la Constitución por parte de los funcionarios del IPS.
Sergio Lovera, líder del Sindicato de Funcionarios Profesionales del IPS, señaló que este movimiento busca legalizar la utilización de los fondos jubilatorios, lo que constituye una violación de la Constitución Nacional y de la carta orgánica del IPS.
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Lovera advirtió que si el Gobierno desea utilizar estos fondos, debe convocar a un referéndum para modificar la Constitución. Mientras tanto, el Sindicato impulsa una acción judicial para evitar la venta de los inmuebles del IPS y el uso de los fondos jubilatorios.
Este conflicto legal y político plantea serios interrogantes sobre el futuro del IPS y el destino de los fondos de jubilación de miles de paraguayos.
Fuente: LPO
