La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) avanza con sus audiencias reservadas en torno a hechos punibles de lavado de activos y fondos utilizados por organizaciones no gubernamentales (oenegés). El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue el primer convocado en esta ronda de reuniones, celebrada a puertas cerradas en el Congreso Nacional. El acceso al debate, pese a su relevancia pública, ha sido negado a la ciudadanía.
Bajo la dirección del senador Dionisio Amarilla, conocido por su alineación con el liberalismo radical auténtico, la CBI, integrada en su mayoría por cartistas y sus aliados, se enfoca en tres temas principales: el manejo de fondos públicos por oenegés, el tráfico de armas y el lavado de activos que ingresan al sistema financiero.
Comisión Bicameral de Investigación
El senador Dionisio Amarilla, titular de la CBI, habló sobre el análisis de las ONG dentro de la Bicameral.
️“Hoy recibimos mayoritariamente las documentaciones, a partir de ahí vamos a circular entre los miembros y vamos a empezar con los… pic.twitter.com/qTqd8Api7p
— Radio Ñandutí (@nanduti) September 12, 2024
La sesión, iniciada a las 10:00 horas del jueves, contó también con la presencia de otras autoridades como Oscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), y Camilo Benítez, contralor general de la República. Estas figuras clave fueron citadas para responder las preguntas de los miembros de la comisión, entre ellos los senadores Gustavo Leite y Colym Soroka.
Pese a las expectativas generadas, las audiencias se realizan bajo un manto de hermetismo. A pesar de que algunos legisladores, como Gustavo Leite, manifestaron inicialmente estar a favor de audiencias públicas, la posibilidad fue descartada desde el inicio de las reuniones. La decisión ha generado críticas desde diversos sectores, que señalan la falta de acceso ciudadano y la violación al derecho a la información pública.
El debate ha revivido el artículo 28 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a informarse, y la Ley 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, ambos ignorados por las actuales sesiones de la CBI.
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La primera convocatoria ya había generado controversia, especialmente cuando algunos de los citados, como el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, y ministros del TSJE, se retiraron sin dar declaraciones, en medio de una fuerte presencia policial.
Con los fondos de las oenegés en el centro del debate, se espera que en las próximas sesiones la presión pública aumente, particularmente en lo referente a la apertura de las audiencias.
Fuente: Última Hora
