La Asociación Pro Vivienda (AsoPro) expresó su desacuerdo con las movilizaciones organizadas por la “multisectorial” frente a la sede del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que se desarrollan desde hace más de una semana. Según Carlos Fleitas, líder de AsoPro, detrás de estas protestas hay intereses económicos de líderes sociales, que estarían aprovechándose de las necesidades de la gente.
La “multisectorial” está compuesta por personas físicas y jurídicas que prestan servicios al MUVH dentro del programa Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), liderado por Juan Carlos Baruja. Tras diferencias internas, un grupo se separó y formó AsoPro, también vinculado al MUVH, aunque ambas organizaciones mantienen posturas opuestas. Según Fleitas, las protestas, que incluyen a indígenas, estarían siendo utilizadas para promover los intereses económicos de ciertos líderes.
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Las movilizaciones frente al MUVH fueron lideradas por Pulciano Sánchez, presidente de la “multisectorial”, quien fue denunciado por el ministro Baruja por la falsificación de documentos dentro del programa Fonavis. Entre las exigencias del grupo están la adjudicación del 33% de los subsidios en cada convocatoria, el cese de la supuesta persecución y la transparencia en los llamados públicos. Además, exigen detener la fusión entre el Indert y el Ministerio de Agricultura, así como mantener el artículo 104 del estatuto agrario.
Fleitas lamentó el uso de indígenas en las manifestaciones, afirmando que se les hacen promesas que no se cumplirán. Subrayó que detrás de la protesta hay intereses económicos, ya que algunas personas que lideran las manifestaciones también tienen empresas constructoras que se benefician de los fondos públicos.
El Fonavis es un programa estatal que otorga subsidios de hasta el 95% para la construcción de viviendas sociales. Las organizaciones que prestan el servicio de asistencia técnica (SAT) presentan proyectos de construcción al MUVH, que se ejecutan en conjunto con constructoras. Fleitas denunció que en muchos casos, los SAT son “juez y parte” en estos proyectos, controlando tanto la asistencia técnica como la construcción, lo que genera un conflicto de intereses.
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A modo de solución, Fleitas sugirió la instalación de una mesa de diálogo para llegar a un consenso que permita avanzar en la construcción de viviendas sociales y dinamizar la economía. También destacó la importancia de trabajar en un mayor presupuesto para el Fonavis, con el fin de reducir el déficit habitacional en Paraguay.
Fuente: ABC.
