El tratamiento del proyecto de ley que habilitaría la jubilación VIP para los 125 parlamentarios está ahora en manos de la Cámara de Diputados. Esta medida, aprobada previamente por el Senado, ha generado gran controversia debido a que se considera un privilegio injustificado que afecta el principio de igualdad.
El proyecto, que destina G. 2.500 millones del presupuesto estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, permitiría que los parlamentarios accedan a la jubilación tras solo 10 años en el cargo. Esta disposición ha sido duramente criticada, ya que contrasta con los 25 años de aportes requeridos para la jubilación en otros sectores.
La propuesta fue impulsada por el senador Arnaldo Samaniego y respaldada por varios cartistas y liberales. Además, el senador Dionisio Amarilla presentó modificaciones para reactivar esta medida, que había sido derogada en el pasado por su impopularidad.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados aún no ha incluido este tema en el orden del día de la sesión ordinaria de este martes. Sin embargo, la presión pública y los cuestionamientos continúan creciendo, poniendo en duda si este proyecto finalmente será aprobado.
El subsidio estatal, que anteriormente fue eliminado por considerarse una carga injusta para los contribuyentes, ha vuelto a estar en el centro del debate. Los críticos señalan que, de ser aprobado, los legisladores se consolidarían como una nueva élite privilegiada, en contraposición a la mayoría de los ciudadanos que deben trabajar décadas para acceder a una jubilación sin aportes estatales.
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En paralelo, el Senado aprobó destinar otros G. 1.000 millones para gastos de las comisiones asesoras, generando aún más descontento.
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La discusión sobre la jubilación VIP continúa siendo un tema clave en la agenda política y social del país, con el foco puesto ahora en la decisión de los diputados.
Fuente: ABC Color
