Exfiscala Ana Girala. Foto: ÚH.
El juicio oral y público a la exfiscala de San Lorenzo, Ana Girala López, fue pospuesto nuevamente a solicitud de su nuevo equipo defensor, integrado por los abogados Álvaro Arias Ayala y José Enrique García. La exfiscala enfrenta acusaciones por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y persecución de inocentes.
Arias, quien asumió la defensa el pasado martes, solicitó más tiempo para revisar el expediente, que consta de cuatro tomos judiciales, cuatro de la carpeta fiscal y 44 anexos, alegando que era materialmente imposible preparar una defensa adecuada en el tiempo disponible. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Yolanda Morel e integrado por las juezas Ana Rodríguez y Karina Cáceres, rechazó la reposición del tribunal, pero accedió a la suspensión del juicio y fijó una nueva fecha para el 25 de setiembre.
El abogado defensor justificó la petición al mencionar que su equipo recién tuvo acceso al expediente el día anterior. “El mandato de defensa técnica que nos otorgó la Dra. Girala requiere de un análisis exhaustivo de los documentos, y por eso consideramos justo el tiempo otorgado para poder cumplir adecuadamente con nuestra labor”, expresó Arias Ayala.
Este es el segundo aplazamiento del juicio. La primera vez fue el martes anterior, cuando la defensa anterior no se presentó a la audiencia, lo que llevó al tribunal a declarar el abandono de la defensa. En esa ocasión, se citó a los antiguos defensores a una audiencia disciplinaria para explicar su inasistencia.
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Además de Ana Girala, la acusación también alcanza a su exasistente fiscal Christi Magalí Ortega, la exsecretaria fiscal Griselda Beatriz Acha y los abogados Liz Martínez, Nélida Alcaraz y Marco Aurelio Velazco. Todos ellos están acusados de extorsión, cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias, asociación criminal y persecución de inocentes, según lo estipulado en la acusación presentada por los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera el 14 de agosto de 2023.
El expediente detalla 28 casos de presunta extorsión y manipulación de procesos judiciales, donde se pedían importantes sumas de dinero a cambio de no acusar a los imputados. Uno de los casos más emblemáticos es el de un ciudadano a quien le exigieron G. 25 millones para evitar la acusación de su hijo en una causa de tentativa de homicidio.
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La investigación culminó en una entrega vigilada en febrero de 2023 en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, donde fueron detenidas la asistente fiscal Griselda Acha y las abogadas Liz Martínez y Nélida Alcaraz, quienes tenían en su poder teléfonos celulares que fueron requisados como parte de la investigación.
Fuente: ABC.
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